La Procuraduría General de la República (PGR) reconoció que no tenía los elementos suficientes para mantener los señalamientos por delincuencia organizada contra el ex gobernador de Veracruz, Javier Duarte, por lo que tuvo que reconfigurar el cargo por el de asociación delictuosa para evitar que se viniera abajo el caso, como el de Elba Esther Gordillo.

A más de un año de haber empezado el proceso contra el ex priísta, la dependencia que encabeza Alberto Elías Beltrán comentó que al valorar los datos de prueba se determinó que tiene más elementos sólidos para que el proceso termine en una sentencia por asociación delictuosa y operaciones con recursos de procedencia ilícita.

En ese sentido, la PGR informó que el probable responsable seguirá su proceso en el Reclusorio Norte, toda vez que la autoridad judicial federal determinó como medida cautelar la prisión preventiva justificada por el delito de operaciones con recursos de procedencia ilícita.

Desde Veracruz el gobernador Miguel Ángel Yunes Linares también se pronunció en el sentido de que Duarte no saldrá en libertad aunque la PGR haya reconfigurado uno de los delitos.

En conferencia de prensa, afirmó que la dependencia cuenta con otros recursos legales para pedir a la autoridad judicial que el ex gobernador siga en presión debido a que hay riesgo de fuga y no tiene domicilio en México. La ley dice que nadie en riesgo de darse a la fuga puede enfrentar un proceso en libertad y Duarte ya se fugó una vez. Otro aspecto es el hecho de que no tiene un domicilio en México, pues su esposa Karime Macías y sus hijos viven en Londres.

También resaltó que en caso de que los señalamientos de la PGR no fueran suficientes, el día que lo pongan en libertad deben entregarlo a la Fiscalía General de Veracruz, donde tiene dos órdenes de aprehensión en su contra por los delitos de coalición, peculado y tráfico de influencias.

Agregó que está pendiente que el gobierno de Guatemala –de donde fue extraditado– acepte una nueva orden de aprehensión en su contra por el delito de desaparición forzada.

El destino de los operadores

De acuerdo con la investigación de la PGR, Duarte tuvo por lo menos seis personas cercanas que habrían participado en el desvío de recursos y hacer las triangulaciones a través de empresas fantasma.

Hasta el momento, sólo dos personas identificadas como Nadia Isabel y Elia Arzate Peralta han sido sentenciadas a tres y cuatro años de prisión, respectivamente, al reconocer su responsabilidad en el delito de lavado de dinero.

Otro de los involucrados, según la PGR, es José N, quien presuntamente se encargaba de estructurar y realizar los pagos que correspondían a las actividades de inversión; sin embargo, colaboró con la dependencia al proporcionar toda la información contra Duarte.

Alfonso Ortega López, otro de los presuntos prestanombres, tenía una orden de aprehensión que no fue cumplimentada por la PGR a cambio de colaborar con información sobre el movimiento del dinero.

Moisés Mansur, identificado como el principal prestanombres, cuenta con órdenes de captura, por lo que su situación es de prófugo de la justicia, mientras que Arturo Bermúdez Zurita, ex secretario de Seguridad Pública del estado, quien también se habría beneficiado de los movimientos del ex mandatario veracruzano, no fue vinculado a proceso.