Londres

El Ministerio de Justicia de Gran Bretaña recuperó ayer la gestión de la prisión de Birmingham, que había sido confiada a la compañía privada G4S, tras una inspección que reveló una situación espantosa, reabriendo el debate sobre la privatización de algunos servicios públicos.

Lo que hemos visto en Birmingham es inaceptable, admitió el secretario de Estado para las prisiones, Rory Stewart.

El ministerio asumirá la gestión del penal al menos durante seis meses, pues la incapacidad del G4S en garantizar la seguridad constituye una violación de contrato.

La empresa obtuvo en 2011 un contrato por 15 años para administrar el penal.

El gobierno anunció tres medidas: sustituir a la directiva de la prisión, reforzar el personal con 30 agentes suplementarios y reducir en 300 el número de presos detenidos en Birmingham (centro de Inglaterra).

En la inspección llevada a cabo del 30 de julio al 9 de agosto, se determinó que la prisión se encuentra en un estado espantoso, escribió Peter Clarke, jefe del organismo público encargado de la inspección de prisiones, en carta dirigida al ministro de Justicia, David Gauke.

Clarke indicó que el nivel de violencia observado era el más elevado de las prisiones británicas. El personal y los detenidos necesitan a menudo cuidados médicos, escribió en el reporte. Recordó además que tres detenidos de la prisión de Birmingham se han suicidado desde febrero 2017.

Las pruebas toxicológicas revelaron que un tercio de los presos consumían drogas y quedó clara la total falta de control. El personal de la prisión, de acuerdo con el reporte, ignora regularmente dónde están los detenidos en un momento dado.

La empresa G4S, especialista en seguridad y encargada de la gestión diaria de la prisión, se felicitó de la decisión del gobierno ante los excepcionales desafíos que planteaba esa labor. Esta empresa gestiona otras cuatro prisiones en Reino Unido.

En el primer semestre de 2018, G4S obtuvo un volumen de negocios de 3 mil 670 millones de libras, con un beneficio antes de impuestos de 139 millones.

Este anuncio del gobierno de la primera ministra Theresa May reactiva el debate sobre la privatización de ciertos servicios públicos en Reino Unido.

Según sus defensores, estos contratos de concesiones permiten ganar en eficacia y ahorrar dinero, en un contexto de austeridad. Entre 2010 y 2017, los gastos públicos dedicados a las prisiones cayeron 22 por ciento, según el centro de reflexión Institute for Government.

Esta situación revela las consecuencias peligrosas de la privatización cada vez mayor de nuestro sistema judicial, afirmó el diputado de oposición Richard Burgon.