Martes 21 de agosto de 2018, p. 25
Chilpancingo, Gro.
Al cumplirse este lunes nueve años del asesinato del diputado local perredista Armando Chavarría Barrera, familiares y militantes del Partido de la Revolución Democrática (PRD) exigieron castigo para los responsables, durante un homenaje realizado fuera del Congreso estatal.
Chavarría Barrera, entonces presidente de la comisión de gobierno del Congreso de Guerrero, fue asesinado a balazos la mañana del 20 de agosto de 2009 fuera de su domicilio, en el poniente de Chilpancingo.
Días antes de su homicidio había anunciado una revisión contable a la Auditoría General del Estado, presidida por Ignacio Rendón Romero, acusado de desvíos de recursos y de pedir ‘‘favores’’ a alcaldes a cambio de aprobar las cuentas de sus ayuntamientos.
Martha Obeso, viuda del perredista, señaló que ‘‘se pretendió vincular el crimen de mi esposo con la guerrilla, pero se demostró que no era verdad. Además, Zeferino Torreblanca Galindo (gobernador de 2005 a 2011) nunca se presentó formalmente a declarar sobre el caso’’.
Sobre las afirmaciones de Xavier Olea Peláez, ex fiscal de Guerrero, de que el crimen está ‘‘casi resuelto’’, la viuda reiteró que su intención es cerrar el caso cuanto antes y que retomó la línea de investigación de la guerrilla, desechada hace años.
Dijo también que Olea Peláez, ‘‘de forma irresponsable e ilegal, entregó un expediente al Tribunal Superior de Justicia (TSJ) con una línea de investigación falsa, el cual no pudo ser consignado porque no reunía las condiciones requeridas’’.
Al respecto, diversas organizaciones sociales entregaron un escrito al gobernador, Héctor Astudillo Flores, y al presidente del TSJ, Alberto López Celis, en donde señalan que ‘‘el expediente de la averiguación del caso Chavarría está en poder de ese tribunal, turnado por el ex fiscal Xavier Olea, con la aviesa intención de cerrar el caso y sellar la impunidad’’.
Añade que en septiembre se cumplirá un año de que la primera sala penal negó las órdenes de aprehensión solicitadas contra los presuntos implicados por no acreditar su responsabilidad.
También refiere que a la familia de Armando Chavarría se le han negado copias del expediente y se ha protegido a Zeferino Torreblanca, quien ha sido ‘‘señalado en la investigación como el presunto autor intelectual’’.