En la perspectiva del gobierno electo, el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México (NAICM) iniciaría operaciones no en 2022, según la previsión de la administración actual, sino hasta finales de 2023.

Para el equipo del presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, el modelo arquitectónico del NAICM es lujoso, muy oneroso y complejo. El punto anterior se refiere, en especial, a la dificultad de construcción en un terreno en condiciones sumamente adversas.

En uno de los documentos del diagnóstico se indica que no es creíble la versión de que en los primeros años de su funcionamiento las pistas no requerirán recursos para su mantenimiento.

El viernes pasado, López Obrador y sus colaboradores para este tema anunciaron la ruta de análisis, debate y consulta para decidir el futuro de la terminal aérea.

Como se informó, se aplicará una consulta o encuesta nacional en los últimos días de octubre y de inmediato se dará a conocer el veredicto en torno a dos opciones: continuar con la obra del NAICM en Texcoco o fortalecer la base aérea militar de Santa Lucía, que operaría a la par del actual aeropuerto Benito Juárez.

El equipo del gobierno electo abordó los tiempos de construcción, las pruebas y la operación de la terminal que se construye en el ex vaso de Texcoco.

En la reunión que sostuvieron funcionarios con dicho equipo estuvieron los representantes de la empresa Parsons, contratada para llevar la gerencia del proyecto del NAICM.

Expresaron, se indica en uno de los documentos del gobierno electo, que la nueva fecha para considerar el inicio de operaciones no sería en octubre de 2020, como se ha manifestado oficialmente, sino el segundo semestre de 2022, en especial por la construcción del edificio terminal, el elemento de mayor riesgo de contingencia en el trayecto.

“Nuestra opción –subraya el equipo de López Obrador– es que en el mejor de los casos el aeropuerto podría operar a finales de 2023 y que a los riesgos de la construcción del edificio terminal debemos agregar los de la integración de los sistemas, así como el periodo de pruebas de toda la operación, que el GACM (Grupo Aeroportuario de Ciudad de México) hoy plantea como de seis meses, pero que en la práctica, en casos como este, no es menor de un año.”

Ante esta situación, advierte, más allá de la decisión final se deben considerar acciones para atender la saturación al alza del aeropuerto Benito Juárez para los próximos cinco o seis años.

Posponen contratos

En vista de la ampliación del plazo para el posible inicio de operaciones y en espera de la decisión final, se convino posponer algunos contratos que, en caso de continuar la obra deben retomarse, previa revisión detallada, para no incrementar el retraso.

Faltarían, según lo programado, contratos por 105 mil millones de pesos que deben revisarse con un criterio de ahorro y austeridad, mismo que también se aplicaría a lo comprometido pero no ejecutado y en donde existen renglones de oportunidad.

Otros elementos negativos de la construcción en Texcoco, según este análisis, se refieren a las condiciones del suelo, la incompatibilidad del espacio aéreo con el lago Nabor Carrillo; aspectos hidrológicos dentro y fuera del polígono del aeropuerto, así como impactos ambientales, urbanos y sociales (litigios pendientes).

El documento fue elaborado por los futuros secretarios de Comunicaciones y de Hacienda, Javier Jiménez Espriú y Carlos Urzúa, respectivamente; por quien será el jefe de la Oficina de la Presidencia, Alfonso Romo, y los asesores José María Riobóo y Sergio Samaniego.