Si bien el sistema penitenciario mexicano se ha armonizado en materia legislativa, en 87 por ciento, con las normas internacionales en la materia, aún se necesita intensificar los trabajos para incorporarlo a los ordenamientos globales y garantizar la promoción, respeto, protección y garantía de los derechos humanos de las personas privadas de libertad en centros penitenciarios.

Así lo señaló la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) al presentar el avance de la armonización legislativa del ordenamiento carcelario en el país. Una de las limitantes, planteó la tercera visitadora general del organismo, Ruth Villanueva Castilleja, es que aún no se contempla la garantía del derecho humano a la libertad religiosa y de cultos de las personas privadas de la libertad. La calificación asignada en este renglón al sistema jurídico del país fue de cero.

Hubo cuatro disposiciones jurídicas, de las 20 que se estudiaron, que merecieron una evaluación de sólo 60 por ciento de avance. Se trata de los derechos que tienen las personas que han sido privadas de libertad a una estancia digna, a la información, al debido proceso administrativo y a estar cerca de su domicilio. Son las Reglas Mínimas para el Tratamiento de los Reclusos, conocidas como Reglas Nelson Mandela.