El Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) ordenó a la Procuraduría General de la República (PGR) que dé a conocer los informes de las investigaciones sobre el asesinato del candidato presidencial Luis Donaldo Colosio, hechas durante la gestión de Diego Valadés.

En la sesión del pleno de este miércoles, se indicó que un particular solicitó dicha información, pero el sujeto obligado únicamente respondió que esos datos se encontraban en su página oficial de Internet y le hizo llegar el link correspondiente.

Acceso a la verdad, derecho imprescriptible

Al analizar el caso, el comisionado Carlos Alberto Bonnin concluyó que la PGR no llevó a cabo una búsqueda exhaustiva de los documentos solicitados, ante lo cual enfatizó que el acceso a la verdad es un derecho imprescriptible.

La máxima publicidad de estos asuntos, destacó Bonnin, impulsa el derecho de toda la sociedad a la verdad para tener certeza de que se llevó a cabo una indagatoria efectiva y se esclareció el asesinato de Colosio, perpetrado el 23 de marzo de 1994.

Por lo anterior, el comisionado propuso revocar la respuesta de la PGR y ordenarle la búsqueda exhaustiva de la información solicitada, lo cual fue aprobado por unanimidad en el pleno.

De esta forma, la dependencia feceral deberá buscar y entregar en versión pública los documentos y fuentes de informes realizados durante la gestión de Diego Valadés (del 10 de enero al 14 de mayo de 1994) en dicho organismo, relacionados con el asesinato del priísta.

Como se recordará, en su momento hubo controversia sobre la indagatoria dirigida por Valadés, sobre todo en lo que se refiere al señalamiento de que Mario Aburto fue el único responsable del asesinato de Colosio.

El entonces fiscal especial del caso y hoy presidente de la Comisión Nacional de los Derechos Humanos, Luis Raúl González Pérez, criticó la falta de rigor con que se condujeron diversos funcionarios en las etapas de la investigación que estuvieron a cargo de Valadés, pero también a cargo de los fiscales especiales Miguel Montes, Olga Islas y Pablo Chapa Bezanilla.