En su penúltima sesión, la Comisión Permanente solicitó al presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, que en la decisión sobre el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México se privilegien el impacto ambiental, el aspecto técnico y los eventuales beneficios que traerá consigo el proyecto.

En el dictamen aprobado por el pleno se destaca que en caso de cancelar o suspender la obra se reducirían los empleos, la inversión y el intercambio comercial, además de que se limitarían las importaciones y exportaciones de productos, el turismo, la derrama económica y el desarrollo del país.

Se detalla que las leyes mexicanas protegen a los contratistas y si se da una cancelación contractual se incumplirían varios tratados comerciales y las penalizaciones para el país serían mucho más elevadas, es decir, se estaría violando el principio de estado de derecho.

También se indica que la realización de una consulta nacional sería inconstitucional porque iría contra lo que establece la Carta Magna, la cual señala las materias que no son objeto de un ejercicio de ese tipo.

El senador Víctor Hermosillo (PAN) sostuvo que la decisión no debe ser política, ya que debe privilegiarse la seguridad de los pasajeros, el desarrollo regional y nacional, la generación de empleos y la derrama económica. Además, advirtió de los posibles litigios que se pueden presentar con los contratistas.

El diputado Juan Romero Tenorio (Morena) respondió al panista: Le diría al senador Hermosillo que su preocupación ha sido atendida, no será una consulta popular, pero sí una consulta con especialistas, para lo cual el presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, pidió a los integrantes del Colegio de Ingenieros Civiles de México que lo apoyaran con una evaluación técnica.