Buenos Aires

En el contexto de nuevas corridas del dólar y con el riesgo país cada vez más alto en Argentina que puede caer en una cesación de pagos (default), policías con perros y barretas llegaron la noche de este lunes al edificio donde vive la ex presidenta Cristina Fernández de Kirchner, cuando ella no estaba en el lugar, y después que en la mañana presentó un escrito ante el juzgado del juez Claudio Bonadío, a quien recusó, rechazando los cargos en su contra en la causa abierta con base en fotocopias de supuestos cuadernos de un ex chofer, atribuyendo esta situación a una decisión política del Poder Judicial en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos.

La actuación policial absolutamente ilegal fue denunciada por varios analistas como una forma de amenaza brutal y como una violación de todos los derechos de la actual senadora nacional, quien ayer recordó que es el cuarto expediente en que el mismo magistrado la acusa de ser jefa de una asociación ilícita, que hasta ahora no ha podido ser demostrada. También recusó al fiscal Carlos Stornelli. Ante la conmoción que causó el amague policial se dijo que una vecina los había llamado porque escuchó ruidos extraños.

La ex mandataria se vio serena y firme cuando llegó a los tribunales acompañada por sus abogados (ambos muy cercanos al papa Francisco) en un escenario crispado por el agravamiento severo de la crisis que ha colocado a este país en el segundo lugar entre los más vulnerables, detrás de Turquía, que encabeza la lista.

En su escrito, la ex presidenta exigió la nulidad del proceso en su contra, recordó la persecución que sufre desde hace dos años y señaló que en las otras causas abiertas se le negó sistemáticamente el pedido de realizar una auditoría de toda la obra pública realizada entre 2003 y 2015. Tras insistir en su pedido de una auditoría general de la obra pública, la ahora senadora advirtió que si existe un propósito auténtico por saber lo que ha ocurrido con la obra pública en nuestro país, la investigación debe alcanzar hasta el presente.

Recordó que “desde el 10 de diciembre de 2015 me han armado seis causas penales y todas ellas fueron radicadas en (los tribunales de) Comodoro Py. De las seis, cinco fueron iniciadas e impulsadas por Bonadío. ¿Milagro? No. ¿Fórum shopping? (elección arbitraria del juez y el fiscal de la causa) Algo peor: decisión política del Poder Judicial –en su más alta expresión– en coordinación con el Poder Ejecutivo y los medios hegemónicos, para ungir a Bonadío como brazo de persecución contra mi persona”.

También hace referencia a “una nueva categoría jurídica que excede la del juez parcial o no juez… se trata del juez enemigo, actor principal del Lawfare, en referencia a lo que se está aplicando a otros líderes políticos de la región”, dijo, en clara alusión al encarcelado ex presidente brasileño Luiz Inácio Lula da Silva, o al perseguido ex mandatario ecuatoriano Rafael Correa.

Es la nueva estrategia regional para proscribir dirigentes, movimientos y fuerzas políticas que ampliaron derechos y permitieron salir de la pobreza a millones de personas durante la primera década y media del siglo XXI, sostuvo la ex mandataria.

Hoy, Bonadío vuelve a citarme a indagatoria acusándome de ser la jefa de una nueva asociación ilícita. Esta vez con los principales empresarios de la construcción. Ya voy por la cuarta organización delictiva. Eso sí, siempre soy la jefa.

Añadió en el escrito que “resulta ridículo y ofende la inteligencia, intentar hacernos creer que haya sido Néstor Kirchner quien organizó el sistema de cartelización de la obra pública a partir del 25 de mayo de 2003, en un país cuyo presidente es Mauricio Macri... hijo de Franco, primo hermano de Ángelo Calcaterra, hermano del alma de Nicolás Nicky Caputo, todos ellos socios entre sí y de otros empresarios en materia de energía y obra pública. Todos emblemáticos integrantes de la patria contratista surgida durante la última dictadura militar y consolidada durante la década de los 80 y los 90.

Y advirtió que resulta absurdo que dichos empresarios intenten aparecer como víctimas de ese proceso o esas prácticas, a la vez que volvió a denunciar un engranaje mediático-judicial para avanzar en la estigmatización, el juzgamiento en los medios y a la confirmación en sede judicial con un resultado: la eliminación política.

La ex mandataria se refirió a la creación de causas mellizas y enumeró los procesos abiertos en su contra con similares figuras penales, como parte de una auténtica novela sudamericana del tiempo que vivimos, y sostuvo: lo que pretendo como cualquier ciudadano es que se lleve a cabo una investigación judicial seria, objetiva e imparcial, con la misma vara para todos, que ponga en claro qué es lo que ha ocurrido, imponiendo a los eventuales culpables las sanciones que corresponda.

La crisis

Este lunes el dólar minorista llegó a poco más de 31 pesos y cerró a 30.75, coincidiendo con la llegada del Fondo Monetario Internacional (FMI) para revisar las metas del acuerdo con Argentina. El Ministerio de Hacienda y Finanzas y el Banco Central (BCRA) lanzaron una batería de medidas para intentar controlar mañana la divisa. El titular del BCRA, Luis Caputo, anunció el desarme progresivo del bono Lebac tratando de que en diciembre ya no haya ninguno en circulación.

El Ministerio de Hacienda que conduce Nicolás Dujovne anunció que cancela la subasta diaria de dólares del Tesoro. Sin embargo, todo esto fue decidido de acuerdo con el FMI. Los presagios desde el exterior son apocalípticos.