Chilpancingo, Gro.

Organizaciones de familiares de personas desaparecidas provenientes de varias entidades del país y de Estados Unidos se manifestaron en esta capital para exigir al gobernador, Héctor Astudillo Flores, que pida perdón a las víctimas de la violencia, pues hace unos días aseguró que estaban vinculadas con la delincuencia.

Durante la marcha, José Edilberto Vázquez, coordinador del Centro de Derechos de las Víctimas de Violencia Minerva Bello, señaló que la protesta se debió a que la semana pasada el gobernador Astudillo Flores declaró en una reunión del Club Rotario que los jóvenes desaparecidos en la entidad estaban vinculados con la delincuencia, y consideró injusto que el mandatario estatal ‘‘pueda hacer eso sin ninguna consecuencia’’.

‘‘Esta es una primera manifestación de víctimas y centros de derechos humanos. Vamos a seguir hasta que él se disculpe públicamente, porque no es justo que revictimice’’, advirtió.

Indicó que este lunes, en el evento Tribunales Internacionales de Conciencia de los Pueblos en Movimiento, que se inició el domingo en la normal rural de Ayotzinapa y que ayer continuó en Chilpancingo, ‘‘nos acompañaron colectivos de Quintana Roo, Puebla, la Ciudad de México y compañeros de Estados Unidos, que se han solidarizado con las víctimas’’.

Consideró que para las familias de desaparecidos ‘‘es muy reconfortante que estas personas hayan decidido marchar con ellas, y es una advertencia al gobierno de que no están solas’’.

En la marcha también participó Gilberto Saucedo, copresidente del Gremio Nacional de Abogados de Estados Unidos en Los Ángeles, California. ‘‘Es una vergüenza que el gobernador expresara que fueron desaparecidos porque son parte de la delincuencia, cuando todo el mundo está consciente de que no es cierto, y en lugar de buscar a culpables empezó a buscar excusas. Eso es una violación a los derechos humanos y a las leyes internacionales, debido a que no se investigó a los responsables’’, dijo.

Explicó que su organización tiene vínculos en otros países, con la Asociación Mexicana de Abogados del Pueblo y con otras organizaciones de derechos humanos.