obre mi artículo del lunes pasado, varios lectores enviaron cartas a La Jornada abundando sobre las irregularidades que señalé en torno los permisos de construcción de enormes torres para departamentos y oficinas en sitios donde antes se prohibía. Todo bajo el esquema de polígono de actuación. Como las dos que se construyen sobre el Períferico Sur, entre Las Flores y Barranca del Muerto. Una, de 34 pisos (la más alta del sur, según la publicitan) con 184 departamentos; la otra, de 15 y 150 viviendas. Pero hay otras que se realizan violando la ley.

Por ejemplo, las que ya existen y/o construyen en menos de un kilómetro cuadrado en la colonia Condesa. Se ubican entre las avenidas Alfonso Reyes, José Vasconcelos, Mazatlán, Patriotismo y Benjamin Franklin. A las cuatro que ya hay sobre la Vasconcelos, y a las dos en Patriotismo, se sumarán tres de 15 pisos cada una para albergar a casi 200 familias. El conjunto habitacional se denomina Taman Condesa y está en el triángulo que forman Patriotismo, Mazatlán y Alfonso Reyes. En este espacio apenas se permiten edificios de cinco pisos. Para burlar esta limitación, los desarrolladores juntaron tres predios. Nuevamente el polígono de actuación jugó en favor de los intereses privados, no de la ciudadanía.

Otra obra magna que ocupa varios miles de metros cuadrados se ubica en Benjamin Franklin y Vasconcelos y hará más caótico el tránsito de vehículos, pues allí confluyen otras tres vías saturadas: las avenidas Revolución, Jalisco y Vicente Eguía. Las absurdas obras que allí realizó la autoridad citadina, so pretexto de garantizar la seguridad de los peatones y el transporte, lograron todo lo contrario. La protesta de los vecinos de esa zona de la Hipódromo-Condesa por estos nuevos proyectos inmobiliarios está en marcha. Exigen, como en Tlacopac, la intervención del gobierno de la capital y la delegación Cuauhtémoc.

Otras obras gigantescas despiertan enorme oposición: las que facilitarían extraer en San Luis Potosí más de 2.5 millones de barriles de aceite de petróleo extrapesado y unos 4 millones de pies cúbicos de gas, mediante el fracking. De ello informó Alfredo Valadez Rodríguez, corresponsal de La Jornada en dicha entidad. Petróleos Mexicanos y el gobierno estatal lo negaron. Pero Valadez Rodríguez ofreció datos que confirman las in­tenciones de la paraestatal para usar dicha técnica en 12 municipios, entre ellos Ébano, San Antonio, Tamuín, Tanlajás, San Vicente y Tancuayalab. Y cómo la estadunidense Schlumberger Offshore Services NV, especializada en obras para extraer hidrocarburos vía fracking, busca la anunencia de autoridades municipales para realizar sus labores.

Las autorizaciones para usar en México el fracking vienen desde los sexenios de Vicente Fox y Felipe Calderón, y se redoblaron en el actual. Es conocido el rechazo que despierta en muchas partes del mundo debido a los compuestos tóxicos que se utilizan para extraer hidrocarburos a miles de metros de profundidad; por requerir enormes cantidades de agua y por los consecuentes daños que ocasiona a la salud pública y al ambiente, en especial a los mantos freáticos. Con toda razón, voceros del próximo gobierno federal han dicho que no lo autorizarán, siguiendo la política establecida en otros países.

En colaboraciones anteriores detallé por qué esa técnica de exploración y extracción de hidrocarburos la rechazan muy especialmente las poblaciones donde se uti­lizaría. No piensan igual las trasnacionales y sus aliados en México, interesados en obtener gas natural y gas shale para, sostienen, cubrir las necesidades del mercado interno y exportar los excedentes. Se trata de inversiones calculadas en más de 2 mil 300 millones de dólares. Argumentan que desde que se comenzó a usar esa tecnología hace casi 80 años ha mejorado notablemente y ya no es tan peligrosa para la salud pública y la naturaleza. La realidad muestra lo contrario.

Dentro de todo, una buena noticia: el gobernador de San Luis Potosí anunció que no permitirá el fracking en la entidad. Ojalá cunda su ejemplo en el resto de México.