l 4 de agosto, durante un acto militar en Caracas, un grupo terrorista atentó con drones DJI M600 cargados de explosivos contra el presidente constitucional y legítimo de Venezuela, Nicolás Maduro, para intentar conseguir por la vía del magnicidio lo que la oposición de ultraderecha proestadunidense no ha podido conseguir en una veintena de elecciones ni tampoco mediante el golpe de Estado de 2002; el sabotaje petrolero de 2002-2003 de la gerontocracia de PdVSA, Fedecámaras, la Confederación de Trabajadores de Venezuela, la Coordinadora Democrática, la jerarquía de la Iglesia católica y los medios hegemónicos cartelizados; las sanciones y la guerra económica, y la guerra no convencional del Comando Sur del Pentágono, desplegada en su última fase de 2015 a la fecha por conducto de campañas de intoxicación mediática, sabotajes y actos violentos, con apoyo de la Organización de los Estados Americanos y los gobiernos cipayos del Grupo de Lima.

Uno de los drones usó como explosivo pólvora y pentrita (sustancia que causó la explosión del Boeing 747 de PanAm sobre Lockerbie, Escocia, en 1988, con 270 muertos) y el otro pólvora y C-4 (explosivo plástico de uso militar utilizado por agentes de la CIA para derribar la nave de Cubana de Aviación sobre Barbados, en 1976, donde murieron 73 personas; el favorito de la red Gladio de la OTAN, y el que derribó la torre II de Pemex, en 2013). Ambos drones fueron dirigidos a la avenida Bolívar; uno debía explotar en la parte superior de la tarima presidencial y el otro en la zona frontal, para asegurar la muerte de Nicolás Maduro, su esposa, miembros de su gabinete y los mandos de los institutos armados. Los equipos inhibidores de señales de la Guardia Presidencial hicieron que los drones se desorientaran y los explosivos detonaron fuera del perímetro planificado por los terroristas.

Los dos grupos operativos fueron capturados el mismo día. Uno en flagrancia; el otro mientras huía hacia Colombia. Los magnicidas confesaron que recibieron entrenamiento en la finca Atalanta en el municipio de Chinácota, Norte de Santander, Colombia; allí aprendieron a manejar drones. Les ofrecieron 50 millones de dólares y estadía en Estados Unidos.

De los audios de las conversaciones que los autores materiales mantuvieron entre sí mientras ejecutaban el atentado y declaraciones de Juan Carlos Monasterios, jefe operativo del acto terrorista, se estableció que los autores intelectuales fueron Rayder A. Russo, residente en Colombia, y Osmán Delgado Tabosky, financista que vive en Miami, quien, advertido de que los drones habían perdido el control, detonó uno de manera remota. El ex jefe de la Asamblea Nacional, Julio Borges, refugiado en Colombia, y Juan Requesens, de Primero Justicia, detenido en Caracas, también participaron en la trama fallida. El gobierno de Venezuela giró el viernes una orden internacional de captura (código rojo de la Interpol) contra Delgado, Russo y Borges, implicado en el caso por Requesens y Monasterios.

El presidente de Venezuela dijo tener pruebas suficientes de la complicidad en ese acto de barbarie del mandatario saliente de Colombia Juan Manuel Santos, quien ha mantenido múltiples reuniones con Borges. La víspera de culminar su mandato, Santos declaró “veo cerca la caída de Nicolás Maduro […] ojalá mañana” (mismo terminara su gobierno de) forma pacífica.

El 9 de agosto, durante un encuentro en la Secretaría de Relaciones Exteriores en Bogotá, el nuevo canciller de Colombia, Carlos Holmes Trujillo, expresó a Borges el apoyo incondicional del gobierno de Iván Duque para rescatar la democracia y la legalidad en Venezuela.

Señalado por sus adversarios como títere del ex presidente Álvaro Uribe −sindicado por sus vínculos con el paramilitarismo y el narcotráfico y acusado de genocidio−, Iván Duque ya tiene una estrategia para negociar con la administración Trump una dispensa para Colombia con los aranceles de importación del acero y el aluminio: tomar las riendas de la guerra encubierta del Pentágono contra Venezuela, desde la frontera colombiana.

A principios de julio, ya designado presidente electo, Duque corrió a recibir instrucciones en Washington del aparato de seguridad de Trump. Allí se reunió con el vicepresidente Mike Pence; el secretario de Estado, Mike Pompeo; la directora de la Agencia Central de Inteligencia, Gina Haspel, y con el asesor de Seguridad Nacional, John Bolton. Y como dijo entonces Duque, el lenguaje común con Estados Unidos (EU) es el de los resultados, por lo que se puso a trabajar para que lleguen rápido: el 10 de agosto, tres días después de asumir, anunció el retiro irreversible de Colombia de la Unión de Naciones Sudamericanas (Unasur) y abogó por la aplicación de la Carta Democrática de la OEA contra Venezuela.

Supervisado por Kevin Whitaker, embajador de EU en Bogotá, Duque, continuador del fascismo social de Uribe, aspira cumplir un papel relevante en el llamado Golpe Maestro diseñado por el jefe del Comando Sur, almirante Kurt Tidd, quien dijo que el gobierno bolivariano sólo puede ser derrocado mediante una operación militar bajo bandera internacional, patrocinada por la Conferencia de Ejércitos Latinoamericanos, bajo la protección de la OEA. La fachada para imponer un bloqueo marítimo a Venezuela podrían ser los ejercicios navales Unitas Lix, de los que Colombia será anfitriona en septiembre próximo.