n términos gráficos y declarativos, la segunda reunión de Andrés Manuel López Obrador (AMLO) y Enrique Peña Nieto (EPN) confirmó la aterciopelada textura de la transferencia del Poder Ejecutivo federal.

De nuevo en Palacio Nacional, en una sesión vespertina, el despacho de los asuntos de interés común pareció transcurrir en un marco de extraordinaria civilidad, según los reportes que los participantes ofrecieron: el priísta a través de Twitter y el morenista mediante un mensaje directo a los reporteros que cubrieron el singular acto.

Destaca la clara intención del presidente electo de ir consolidando la estructura de trabajo en materia de procuración de justicia (a través de diversas fiscalías) y de seguridad pública. En este terreno, sobresale la celeridad con que se busca tener a punto la nueva Secretaría de Seguridad Pública en cuanto arranque la gestión lopezobradorista, el primer día de diciembre próximo. En un gesto de cortesía política, que abona el plácido camino hacia el retiro de Peña Nieto, el presidente electo propuso a quien aún ocupa Los Pinos que éste avale y empuje en el nuevo Congreso federal la aprobación del cuerpo jurídico que reinstale la secretaría que ocupará el sonorense Alfonso Durazo.

Cortesía, se dijo líneas atrás, porque, en estricto sentido, la amplia mayoría de Morena en las dos cámaras de la próxima legislatura, más algunos votos de partidos aliados o deseosos de serlo, haría relativamente innecesaria la intervención de Peña Nieto, como jefe de las escuálidas bancadas priístas. Con el mexiquense o sin él, Morena y López Obrador podrían sacar adelante ese punto. Pero López Obrador desea evitarse cualquier obstáculo o retraso y ha decidido compartir con Peña esa faena legislativa que a ambos políticos redituará bonos, sobre todo al tabasqueño, pero también a su anfitrión de ayer.

En el proceso de normalización de las áreas relacionadas con la procuración de justicia, López Obrador y Peña Nieto acordaron coordinar esfuerzos para que en diciembre ya esté determinada la titularidad de la fiscalía general de la nación (punto este en el que continuará la discusión respecto al carácter de esa fiscalía, si abiertamente allegada o vinculada al futuro presidente de la República o si independiente del Poder Ejecutivo, como lo demandan algunas agrupaciones civiles), la fiscalía anticorrupción y, aun cuando hay actualmente un encargado de esa área, la fiscalía de delitos electorales. A contrapelo de la precariedad intencional que Peña Nieto sostuvo en esas oficinas, López Obrador empuja para tenerlas funcionando cuanto antes.

El tema de la seguridad personal de López Obrador también fue definido: lo cuidarán 20 personas, en igualdad numérica de género y sin armas. Serán profesionistas con, cuando menos, licenciatura. El Estado Mayor Presidencial se reintegrará a la Secretaría de la Defensa Nacional (con esta medida, ampliamente anunciada con anterioridad, los ex presidentes deberían quedar en automático sin los elementos del EMP que han utilizado, casi siempre en términos abusivos). El delicado tema de la designación de los secretarios de las fuerzas armadas (la Defensa Nacional y la Marina) será tratado por AMLO con los actuales titulares de esos cargos (ya se verá si se mantiene la tradición de que las élites de esas secretarías propongan al presidente entrante ciertos nombres para que éste escoja a los nuevos titulares, o López Obrador determina sin más tales designaciones).

Se confirmó que el equipo lopezobradorista participará en la confección de la propuesta presupuestal para el año próximo, lo cual evitará tropiezos en el Poder Legislativo y, eventualmente, retrasos en el arranque del nuevo presidente. Y la cereza del pastel a cuatro manos ha sido la declaración de López Obrador: El presidente Peña se está portando muy bien, dijo, y afirmó que el priísta no le ha pedido nada a cambio de estos acuerdos. Tersura, fluidez, entendimiento: la Magia del Poder.

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