Toluca, Méx.

El pleno del Congreso local aprobó ayer reformas a la Ley Orgánica Municipal y a la Ley del Trabajo de los Servidores Públicos, que obligan a los ayuntamientos a crear un fondo para pagar laudos laborales, pues no hacerlo puede derivar en la destitución de autoridades, como ocurrió este año en Coacalco, cuyo cabildo fue destituido por la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Los ayuntamientos deberán destinar un porcentaje de su presupuesto a las obligaciones derivadas de juicios laborales.

Los 125 municipios mexiquenses deben casi 4 mil millones de pesos por demandas por despidos injustificados.

Las reformas fueron aprobadas por los partidos Revolucionario Institucional, Acción Nacional, Verde Ecologista de México, Movimiento Ciudadano y Nueva Alianza, promotor de la iniciativa. Morena, que a partir del primero de enero gobernará la mayoría de los municipios de la entidad, votó en contra.

Cada mes se deberán presentar a los cabildos informes sobre la situación de los juicios laborales y se deberán evitar incumplimientos de pago. Asimismo, no podrán embargarse a los ayuntamientos maquinaria, vehículos o muebles destinados a salud y protección civil, ni las cuentas en que reciban las participaciones y aportaciones federales.