El informe que Victoria Tauli, relatora especial para los derechos de los pueblos originarios de la Organización de Naciones Unidas, elaboró sobre su visita a México en noviembre pasado, señala que la situación de los pueblos indígenas en México refleja la considerable brecha existente entre la realidad jurídica, política e institucional y los compromisos internacionales asumidos por el país.

El documento refiere que dicha brecha sigue creciendo, en particular debido al impulso del modelo de desarrollo promovido por la reforma energética, que tiene impacto significativo en los territorios indígenas.

Añade que se requieren medidas eficaces y coordinadas entre instituciones de la estructura federal, estatal y municipal para abordar los graves problemas, con inclusión de reformas en el marco jurídico, político e institucional encaminadas a aplicar los derechos de los pueblos indígenas en temas clave como territorios y recursos naturales, prioridades de desarrollo, libre determinación, participación política y acceso a la justicia.

También indica que urgen medidas para resolver los problemas de violencia e inseguridad, así como pobreza, marginación y discriminación estructural.

Sobre las observaciones de la relatora y a propósito del Día Internacional de los Pueblos Indígenas, que se conmemora hoy, la Red Nacional Indígena expuso que el gobierno de Andrés Manuel López Obrador tiene un gran reto en materia de respeto a los derechos de los pueblos originarios.

El informe de la ONU expone que en las pasadas dos décadas México ha impulsado más inversión extranjera en la minería, considerada actividad preferente y de utilidad pública. La reforma energética de 2013 ha generado la preocupación de que el Estado obligue a comunidades indígenas a rentar o vender sus tierras a las empresas, imponga servidumbres legales para facilitar proyectos de hidrocarburos o energéticos y que aumente el riesgo de despojos, enfrentamientos y desplazamientos forzados ante el creciente interés en los recursos naturales en territorios indígenas, muchos de los cuales no han sido reconocidos legalmente.

Advierte que los objetivos nacionales de generar 35 por ciento de electricidad con recursos renovables en 2024 han acelerado la aprobación de proyectos eólicos de gran escala en zonas indígenas y alude que, según la Comisión Interamericana de Derechos Humanos, de 29 mil concesiones mineras, hidroeléctricas y de energía eólica que afectan 35 por ciento del territorio nacional, 17 por ciento están en tierras indígenas.

Subraya que tribunales federales han examinado varios casos sobre la consulta previa, pueblos indígenas y megaproyectos, y en algunos la Suprema Corte ha ordenado la suspensión de proyectos inconsultos, aunque se ha denunciado que dichas sentencias no son acatadas por agentes estatales y del sector privado, y aún no han generado jurisprudencia vinculante.