a decisión del próximo presidente de instrumentar la austeridad republicana, que incluye bajar los sueldos de la alta burocracia estatal y quitar sus múltiples prebendas, como los seguros de servicios médicos privados, ha motivado todo tipo de objeciones. Unos alegan razones legales; otros, que significaría la fuga de cerebros a la iniciativa privada debilitando al sector público o que debería haber un reconocimiento pecuniario de la alta responsabilidad inherente a estos puestos. Lo que está a discusión es la permanencia de una sociedad meritocrática en México o la transición a una sociedad igualitaria en la cual todo ser humano tiene el mismo valor y debe contar con las condiciones para tener una vida digna.
Es un hecho que América Latina es la región más desigual del mundo y México no es una excepción. Con independencia de la metodología que se use, la mayoría de los mexicanos vive en pobreza y todos aportan al erario, aunque sólo sea con el IVA. A la discusión sobre la austeridad republicana y la canalización de los recursos ahorrados a programas y políticas sociales concierne, entonces, una nueva distribución de una parte de la riqueza social por conducto del gobierno; es, pues, una medida redistributiva en favor de los pobres del campo y la ciudad. Se puede alegar, con razón, que debería instaurarse un sistema de impuestos mucho más progresivo, pero hoy la propuesta en marcha es la del presidente electo.
El debate, inevitablemente, tiene que abordar valores profundamente arraigados y la cultura del privilegio –también profundamente arraigada en México–, que es la apología ideológica de la sociedad meritocrática. Ésta se justifica con la idea de que hay que reconocer que las élites hacen una aportación mayor a la sociedad; por tanto, debe premiarlos con mayores ingresos y beneficios que al resto de los ciudadanos. Se lo merecen, pues. Históricamente, esta concepción dio origen a un tipo de Estado de bienestar, conservador-corporativo, que confirió privilegios a la alta burocracia estatal y sectores clave de la clase obrera. Como analiza Piketty en El Capital en el siglo XXI, la idea del mérito ha sido expropiada por el neoliberalismo para justificar los escandalosos sueldos y el enriquecimiento de los directores ejecutivos (CEO), sin que haya evidencias de que aportan a la productividad de las empresas y menos a la sociedad.
La cultura del privilegio está muy extendida en una pequeña parte de la sociedad mexicana, pero durante los años recientes ha crecido rápidamente el rechazo a estos privilegios entre los ciudadanos. Por su alta visibilidad y los reiterados escándalos de corrupción, algunos altos funcionarios gubernamentales, los senadores y los diputados han sido blanco de las críticas, pero hay otros sectores no tan conspicuos que participan en esta cultura del privilegio. El más destacado es la cúpula empresarial, frecuentemente coludida con la alta burocracia estatal e involucrada en manejos oscuros de fondos públicos que caen en la categoría discutida por Piketty. Otro es una pequeña parte de los académicos de las universidades públicas e integrantes del SIN, cuyos ingresos extras y prebendas son financiados con recursos públicos. No llega a tener un nivel de vida igual a la de la burocracia dorada
, pero se encuentra entre 5 por ciento de la población con los mayores ingresos del país, y en algunos casos entre uno por ciento de los ingresos más altos.
Es importante recordar que el salario medio en México es de 5 mil 500 pesos al mes o menos de dos salarios mínimos y que 68 por ciento de los trabajadores afiliados al Instituto Mexicano del Seguro Social gana hasta cuatro salarios mínimos. Es decir, en términos de los ingresos hay una desigualdad abismal en el país que se sustenta en parte en la cultura del privilegio y la concepción meritocrática de la sociedad. Estos son el andamiaje ideológico que facilita sostener nuestra enorme desigualdad económica. A esto se añade la sujeción política de la población mayoritaria, particularmente la mayoría pobre, contra la que se rebeló la gente en la elección.
Las medidas de austeridad republicana anunciadas por el próximo presidente, que incluyen una serie de beneficios extrasalariales, son los primeros pasos en el camino hacia una sociedad más igualitaria con una redistribución de la riqueza socialmente creada. Esperemos que los próximos sean la recuperación de un ingreso digno y la valorización de la aportación de cada quien a la sociedad por pequeña que pueda parecer a los privilegiados.
