l tribunal electoral federal formalizó la irreversible realidad política del triunfo de López Obrador. La constancia de presidente electo es la síntesis de una larga caminata política, desde Tabasco hasta cubrir la totalidad del país, que en esta ocasión condensó la profunda irritación social contra un sistema en general, y un gobierno en particular, el encabezado por Enrique Peña Nieto.

En dos ocasiones le fue arrebatado el triunfo a López Obrador. En 2006, mediante fraude descarado por parte de Felipe Calderón Hinojosa y en 2012, a través de ríos de dinero utilizados para adjudicar el título a Peña Nieto; en ambos casos, con la complicidad de los órganos electorales correspondientes. En su tercer intento (la tercera es la vencida, solía decir, recordando un dicho popular), ha logrado cambiar el mapa partidista y electoral del país, alcanzando la Presidencia de la República con una diferencia de votos apabullante pero, además, la mayoría desahogada en las cámaras legislativas, en la federal y en varias estatales, gubernaturas (entre ellas, la de Ciudad de México) y presidencias municipales.

Es la victoria de la perseverancia y la esperanza. No sólo ha sido AMLO un viajero de proselitismo incansable, en permanente campaña, sino un organizador exitoso. En 18 años, desde que asumió la jefatura del gobierno del Distrito Federal, ha avanzado tanto que en cuatro años dio forma a un partido propio, Morena, y lo ha llevado a la más amplia victoria electoral de la historia política del país. Su llegada a la Presidencia de la República ha generado, incluso, la restauración de una confianza ciudadana que había sido abatida por tanto gobierno de corrupción e injusticia. Ahora, Andrés Manuel tiene frente a sí la oportunidad de hacer lo que ha propuesto, acompañado de la parte, ampliamente mayoritaria, del pueblo mexicano que desea cambios verdaderos.

Habrá, desde luego, resistencia a ese proyecto encabezado por López Obrador. Ayer mismo, en Sonora, gobernada por la priísta Claudia Pavlovich, el congreso estatal, dominado por el PRI y con el apoyo de los restantes partidos (sólo votaron en contra dos diputados de Acción Nacional y uno de Movimiento Ciudadano), votó reformas a la Constitución estatal que blindan a la actual mandataria y su partido ante decisiones que tome la siguiente legislatura, donde Morena será mayoría decisoria. Poder de veto y control político, administrativo y presupuesto, por encima del congreso en Sonora, como mensaje del priísmo beltronista, que podría ser reproducido en otras partes del país.

La exoneración de Elba Esther Gordillo es una derrota jurídica y política de Enrique Peña Nieto, cuya administración montó (mal) un expediente contra la ex dirigente magisterial con propósitos políticos circunstanciales y no por razones justicieras profundas y bien sustentadas.

El desenlace judicial del golpe dado en febrero de 2013 contra Gordillo evidencia al peñismo (nuevamente) como reprobable y reprobado urdidor de patrañas y pésimo buscador de justicia: si Elba Esther fue culpable de tantas cosas (no sólo las consignadas en el expediente formal), la ha dejado libre de cargos; si no fue culpable, la tuvo en prisión, injustamente y con agravantes (la negativa a permitirle reclusión domiciliaria, a pesar de que por edad le correspondía tal prerrogativa, aunque ya en el tramo final le fue concedida dicha forma de prisión) durante cinco años, cinco meses y casi dos semanas.

La liberación plena de Gordillo se produjo a unas horas de que el tribunal federal electoral declarara que Andrés Manuel López Obrador tuvo mayoría de votos en la pasada elección. Tal sincronía impulsó de inmediato la versión, sin sustento real, de que el hecho tendría relación con el nuevo poder presidencial, dado que el gordillismo terminó apoyando al tabasqueño, sobre todo en el cuidado de casillas, aunque a regañadientes y a veces a contrapelo de la estructura formal del lopezobradorismo.

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