Como un guion de película que se repite una y otra vez, familiares de dos jóvenes secuestrados hace seis años y medio siguen sin conocer su paradero; pese a que dicen tener todos los elementos para rescatarlos y dar con los responsables, las autoridades federales no han hecho nada.

Esto dio pie a que en febrero pasado un tribunal colegiado otorgara un amparo a la madre de una de las víctimas en el que ordena a la Procuraduría General de la República (PGR) realizar una investigación exhaustiva, lo que hasta ahora no se ha cumplido.

En enero de 2012, David Ramírez y Miguel Ángel González –entonces de 19 y 20 años, respectivamente– fueron secuestrados en Ciudad Altamirano, Guerrero, cuando se dirigían a Ixtapa Zihuatanejo a festejar el cumpleaños del segundo. Conscientes del riesgo que implica viajar por las carreteras del país, de forma constante subían su ubicación a las redes sociales, pero la mañana del jueves 5 de ese mes dejaron de hacerlo.

Miguel pudo mandar un mensaje a un amigo para pedirle que se comunicara con la madre de David, María de Lourdes González, para avisar que estaban en peligro. Deborah, la hermana del joven, intentó comunicarse vía celular con él una y otra vez, hasta 200 llamadas sin respuesta; al filo de las cuatro de la tarde de ese día, David le respondió llorando y después un hombre le arrebató el móvil para advertir a la familia que se trataba de un secuestro y exigía el pago del rescate.

La respuesta de la Policía Federal fue negociar

Lo primero que hicieron los familiares fue pedir apoyo a la Policía Federal (PF), que aconsejó negociar con los plagiarios. Varios días después lograron juntar la cantidad exigida y enviaron a un pagador, quien no contó con el acompañamiento de los agentes federales. Llegó solo a Ciudad Altamirano y entregó el dinero, pero los dos muchachos jamás fueron liberados, detallan en entrevista la madre y la hermana de David.

En seis años y medio las dos familias no han contado con el apoyo de la PGR y tampoco con el de la PF, por lo que se han visto orilladas a pagar investigadores particulares que hagan indagatorias paralelas –algunas ocasiones han sido timadas– cuyos resultados se han entregado a ñas autoridades federales.

Es indignante que no den ninguna respuesta. La PF no ha realizado operativos de búsqueda en la zona, han argumentado que no pudieron llegar porque un grupo de policías comunitarios les impidió el paso, mientras la PGR tiene todo, hasta los datos del secuestrador, pero simplemente no quieren actuar. Eso nos hace pensar que algunas autoridades podrían estar relacionadas con los delincuentes, señalaron madre e hija.

Agregaron que la Comisión Nacional de los Derechos Humanos (CNDH) tampoco ha dado respuesta a su petición y a seis años y medio de los hechos las indagatorias siguen sin avanzar. Hace un par de meses se reunieron con el primer visitador, Ismael Eslava, y aunque dijo que pronto habría una recomendación por el caso, esto no ha pasado.

Ante la desesperación, hace unas semanas Deborah acudió a la casa de transición del virtual presidente electo, Andrés Manuel López Obrador, para pedir su apoyo. El próximo mandatario atendió el caso y pidió a Julio Scherer, quien será su consejero jurídico, tomar nota de la solicitud de la familia.

Sabemos que toma posesión el primero de diciembre, pero al menos notamos una diferencia en la atención y el trato a la que nos han dado tanto el gobierno del PAN como el del PRI. Nosotras tocaremos todas las puertas que sean necesarias hasta encontrar a David y a Miguel. Sólo exigimos que se haga un operativo de verdad y que la PGR cumpla con la resolución judicial.