Managua

La Asociación Nicaragüense Pro Derechos Humanos (Anpdh), destacada en el rescate de manifestantes heridos, detenidos y hostigados durante las protestas contra el gobierno del presidente Daniel Ortega, anunció ayer que cerrará sus oficinas temporalmente por serias amenazas y asedio de grupos armados ilegales.

La Ampdh, que documentó 448 asesinatos de manifestantes antigubernamentales durante más de cien días de crisis política en el país centroamericano, denunció en un comunicado que cerrará debido a que sus instalaciones fueron vigiladas y hostigadas por grupos armados no autorizados, además de haber recibido amenazas vía telefónica.

El director de organismo independiente, Álvaro Leiva, abandonó Nicaragua tras reiteradas amagos contra su vida y por la total inseguridad que se vive en el país. Leiva se encuentra en Costa Rica, aunque se desconoce si solicitó asilo político, informó el diario local La Prensa.

El activista, quien junto con su familia contaba con medidas cautelares emitidas por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos de la Organización de Estados Americanos, argumentó que abandonó su país porque el gobierno de Ortega “no tiene la voluntad de cumplir en materia de derechos humanos.

El país está en una total inseguridad, no debo exponer mi vida ni la de mis promotores, aseguró Leiva. Refirió que las campañas de odio, amenazas, criminalización, penalización contra los defensores, ocurren mucho antes de que estallaran las protestas antigubernamentales.

Ataque a defensores en AL, sin precedente: Anpdh

Roberto Solórzano, presidente de la Anpdh, calificó de gravísimo el cierre del organismo y señaló que esto lleva al máximo nivel la prueba a escala internacional de que el ataque a las defensorías de derechos humanos en Nicaragua alcanza niveles sin precedentes en el continente americano.

El organismo también afirmó que fuerzas de seguridad gubernamentales y grupos de civiles armados son responsables de la mayoría de las 448 muertes documentadas desde el 19 de abril, pero Ortega ha negado responsabilidad en los asesinatos de manifestantes y acusó que quienes exigen su renuncia intentan un golpe de Estado

El gobierno reconoce el deceso de apenas 195 personas durante la represión de paramilitares y fuerzas policiales, mientras la CIDH reportó 317 muertos la semana pasada desde el inicio de las protestas estudiantiles contra una ya derogada reforma a la ley de salud.