La Auditoría Superior de la Federación (ASF) ha modificado su forma de operar la supervisión de los recursos públicos en los entes de gobierno para evitar que la sociedad mantenga una sensación de que persiste la impunidad, al no ver resultados palpables en el castigo a funcionarios que comprobadamente hayan incurrido en actos de corrupción.

En un Compendio de Investigaciones para el Combate a la Corrupción, publicado por la ASF, se expone que entre 2010 y 2015 se produjeron más de 14 mil pliegos de observación, solicitudes de aclaración y acciones penales contra funcionarios públicos, de los cuales se resolvió 40 por ciento.

Dado que la sociedad mantiene una sensación de impunidad, el órgano fiscalizador ha fijado tres líneas estratégicas que tienen que ver con la revisión en tiempo real de la vulnerabilidad de las finanzas públicas, evaluación de las decisiones de los funcionarios y no hacer pronunciamientos escandalosos (difundir montos) en medios de comunicación acerca de posibles daños a la hacienda pública federal.”

El trabajo, elaborado por el maestro Isaac Rojkind, señala por ejemplo que a partir de 2008, cuando se inició la presentación masiva de denuncias penales ante el Ministerio Público Federal, de las 726 denuncias que se han presentado ante la Procuraduría General de la República –en 14 años–, sólo 8.2 por ciento de las acciones emitidas han sido consideradas como de presunto daño o perjuicio a la Federación. Esta situación continúa generando malestar entre la ciudadanía, interesada en contener los delitos de corrupción.

En el texto se señala que la apertura de la información y la mayor exposición pública de los actos de corrupción no beneficia a la ASF, porque la sociedad estaría sobreinformada de ese flagelo, que afecta el interés de las mayorías:

“El resultado inmediato de hacer pública esta información –sobre probables daños y perjuicios– provoca que la ASF capte la atención pública sobre el fenómeno de la corrupción; los medios de comunicación acaparan esta información e inicia un enjuiciamiento público a funcionarios e instituciones; la sociedad empieza a dimensionar el problema de este fenómeno y a requerir a la auditoría que informe anualmente acerca de los resultados de su trabajo.

A lo largo de 16 años, desde la creación de la ASF, esta faceta positiva de la fiscalización (difundir probables actos de corrupción) se agota, inicia en la sociedad una sensación de impunidad al no ver resultados palpables ni consecuencias sobre estos anuncios públicos.

Así, el investigador –cuyo trabajo fue asumido por la ASF– propone adelgazar la responsabilidad de la auditoría frente a la demanda social de más información, para robustecer la confianza y la credibilidad:

“La ASF se anticipa, debe hacer públicas las consecuencias administrativas o penales de las observaciones y no difundir las observaciones per se o aquellas que se encuentran en etapa procesal.

La sociedad se confunde, no comprende ni conoce el proceso que involucra la atención de acciones y, en consecuencia, la solventación de observaciones. Esta situación provoca la sensación de una corrupción sistémica, y desde luego el desprestigio y descrédito de las instancias de fiscalización y control.