Por vez primera, el proceso de entrega-recepción entre un gobierno federal y el otro incluirá no sólo informes generales de cada institución y los llamados libros blancos, sino también un informe individual de gestión de todos los funcionarios que ocupan cargos de alta responsabilidad o de menor rango, pero que manejen recursos económicos.

Así lo anunció la subsecretaria de control y auditoría de la gestión pública de la Secretaría de la Función Pública (SFP), Ana Laura Arratia Pineda, quien explicó que los reportes serán sistematizados mediante un software especial, con el propósito de que la administración entrante conozca con detalle la labor de la anterior.

En entrevista con La Jornada, la funcionaria indicó que el actual proceso de entrega-recepción se inició desde julio del año pasado, y se compone de tres etapas: la primera –ya concluida– reúne la información relevante de las 289 instituciones de la administración pública federal, del 1º de diciembre de 2012 al 31 de diciembre de 2017.

La segunda fase comprende los datos surgidos del 1º de enero de este año al 30 de junio, y también ya fue completada.

La tercera y última etapa aún está en proceso y abarcará el segundo semestre del año en curso, hasta el cierre de la administración de Enrique Peña Nieto. Deberá estar concluida a más tardar en septiembre de 2018.

Para llevar a cabo esta labor, explicó Arratia, cada una de las dependencias y entidades del gobierno federal nombró a un coordinador institucional, quien debe ponerse de acuerdo con la SFP, que será la encargada final de poner en orden todo el material recabado, de acuerdo con una serie de lineamientos generados con anterioridad.

La subsecretaria resaltó que esta es la primera vez que se reunirán en una sola base de datos los informes generales de cada secretaría y organismo, los libros blancos y memorias documentales, y también los informes individuales de cada funcionario que ocupa una dirección general o cargos superiores.

Esta obligación podría ampliarse a otros servidores públicos que no ocupen puestos altos en el escalafón, pero sí tengan una responsabilidad importante o manejen recursos económicos. La decisión final de si deben presentar este informe depende del titular de cada organismo.

Aunque los informes de cada funcionario estarán en una base de datos de consulta interna, los generales de cada institución y los libros blancos podrían ser consultados, eventualmente, de forma pública, siempre y cuando no hayan sido declarados como información reservada, apuntó la subsecretaria.

El sistema informático que contendrá todos esos datos ya está en funcionamiento y a partir del segundo semestre de 2018 ya es de uso obligatorio para la totalidad de los servidores públicos cuyo nivel de responsabilidad lo requiera.

El reto en este proceso de entrega-recepción es coordinar la información de 289 instituciones y también las reuniones con el equipo de transición. El desafío es que todo se lleve a cabo de manera ordenada y transparente, enfatizó Arratia.