Juchitán, Oax.

Integrantes del Consejo de Pueblos Unidos en Defensa del río Verde, conformado por seis municipios, interpusieron un amparo para evitar que con los decretos de reservas de agua, firmados por el presidente Enrique Peña Nieto el pasado 5 de junio, se privatice la cuenca del río Verde-Paso de la Reina con algún proyecto hidroeléctrico o minero.

En 2008 habitantes de 10 municipios de la zona, entre ellos Santiago Jamiltepec, Villa de Tututepec y Tataltepec de Valdés conformaron el Consejo de Pueblos, porque en ese año la Comisión Federal de Electricidad (CFE) intentó crear una hidroeléctrica en la zona llamada Paso de la Reina de ese cauce, a lo que se oponen.

De hecho, desde 1961 la CFE ha realizado estudios para explotar el potencial hidroeléctrico del río Verde, como resultado de esos trabajos surgió el proyecto denominado Paso de la Reina, que de realizarse afectaría gravemente a más de 40 comunidades costeñas, además de pueblos indígenas chatinos y mixtecos, así como comunidades afro-mexicanas y mestizos por donde corre el caudal.

Esos municipios se ven amenazados nuevamente con los decretos, por lo que autoridades ejidales y del consejo de vigilancia de Paso de la Reina interpusieron el amparo con la asesoría de la Asociación Civil Educa, Servicios para una educación alternativa, AC.

Ana María García Arreola, integrante de Educa, explicó que el amparo se interpuso porque según datos de la Comisión Nacional del Agua (Conagua), el río Verde es uno de los más grandes de México por sus características hidrográficas, con una capacidad de 5 millones de metros cúbicos.

Este caudal, con una de las cuencas más extensas de Oaxaca, recoge las aguas de los valles centrales, la sierra mixteca, la sierra del sur y la costa hasta desembocar en el océano Pacífico. Además de sustentar una variada biodiversidad que incluye especies pesqueras, sus aguas sirven para consumo humano y diversos cultivos.

García Arreola explicó que este amparo se presentó con otros 29 en Oaxaca, además de otros de 12 estados, entre ellos Chiapas, Guerrero, Nayarit y Jalisco en el contexto de la campaña nacional Agua para Todos.

Precisó que esta cuenca ya no tiene veda y ahora está calificada como zona de disponibilidad, por lo que de sus 5 millones de metros cúbicos sólo 25 por ciento se dispuso para consumo humano y uso agrícola, mientras que el resto podría ser concesionado para cualquier proyecto, lo que pone en riesgo el recurso.

Los amparos demuestran que el levantamiento de vedas que realizó el gobierno de Peña Nieto fueron sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos; además, dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual Ley de Aguas, la cual determina que el líquido es de quien lo solicita primero.

Agregó que el río Verde es uno de los más grandes y caudalosos con los que cuenta el país, por su disponibilidad se destina 25 por ciento para uso humano y agrícola, por eso el consejo decidió ampararse antes de que alguna trasnacional quiera ocuparlo para algún proyecto.

García Arreola manifestó que concesionar el río Verde también afectaría a la zona de las lagunas de Chacahua, las cuales se supone son una zona de reserva federal del parque nacional de Huatulco. Por eso no entendemos por qué el gobierno desea concesionar esas porciones de agua sabiendo que se dañaría esa reserva natural, además de que no hubo consulta alguna, recalcó.