La Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena) desistió de vender el terreno que ocupan actualmente las instalaciones del Campo Militar 1-F, ubicado en la delegación Álvaro Obregón, aunque al mismo tiempo quedó abierta la posibilidad de que el lugar quede en manos del Instituto de Administración y Avalúos de Bienes Nacionales (Indaabin), si el Ejército le da a los inmuebles un uso distinto al que se le designó originalmente.

En su edición de este viernes, el Diario Oficial de la Federación (DOF) publicó un acuerdo en el cual se notifica que la Sedena continuará ocupando el predio de 125 hectáreas, ubicado en avenida Vasco de Quiroga 1401, en la colonia Pueblo de Santa Fe, para realizar en él actividades castrenses.

De esta manera, se explica en el mencionado acuerdo, se deja sin efecto la decisión previa de desincorporar el sitio como un bien público y autorizar su venta por medio del Servicio de Enajenación y Administración de Bienes, la cual se había dado a conocer el pasado 24 de enero, también mediante el DOF.

Sin embargo, en el punto cuatro del documento emitido ayer se establece que si la Sedena diera al inmueble que se le destina un uso distinto al establecido en este acuerdo, sin la previa autorización de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público, o bien lo dejare de utilizar o necesitar, dicho bien con todas sus mejoras y accesiones se retirará de su servicio para ser administrado directamente por el Indaabin.

A inicios de este año, la Sedena afirmó que el terreno del campo militar no le era de utilidad para la prestación de los servicios públicos a su cargo. De inmediato surgieron versiones de que el plan era venderlo para construir un megadesarrollo inmobiliario, y así aprovechar que se ubica en una de las zonas de la capital de mayor interés comercial.

También circularon rumores no confirmados de que con la venta de dichas instalaciones, la Sedena pretendía hacerse de recursos, y al mismo tiempo dejar de pagar el mantenimiento y la vigilancia, todo ello como parte de un plan para trasladar el personal de varios cuarteles al estado de Puebla.

La oposición del gobierno de Ciudad de México al proyecto se hizo pública en marzo de este año, cuando el entonces mandatario local Miguel Ángel Mancera advirtió que sólo iba a ser posible construir en 30 de las 125 hectáreas del sitio, si es que se concretaba la venta.

La iniciativa de vender el campo militar habría existido a pesar de que la propia Sedena admitía que en la zona ya había problemas de movilidad y acceso al agua potable.