El colectivo Los Otros Abogados entregó al juzgado mixto de primera instancia, con sede en Huautla de Jiménez, Oaxaca, las conclusiones de inculpabilidad mediante las cuales se demuestran las múltiples irregularidades documentadas en el proceso acusatorio contra Miguel Peralta Betanzos, recluido en el penal de Cuicatlán, informaron familiares del acusado y de otros seis compañeros también en prisión.

El conflicto que tiene encarcelado a Peralta Betanzos –según explicaron sus parientes, quienes exigen su liberación–, ocurrió el 14 de diciembre de 2014 cuando integrantes de la Asamblea Comunitaria de San Antonio Eloxochitlán, de la que él forma parte, acompañaron a la alcaldía al edil Alfredo Bolaños Pacheco, elegido por usos y costumbres, a que retornara a sus funciones.

El inmueble, sin embargo, se encontraba tomado desde un mes antes por simpatizantes del supuesto cacique Manuel Zepeda Cortés y presuntos pistoleros a su servicio, que se hacían pasar por policías. Estos habían desconocido a Bolaños Pacheco y le solicitaban aclarar cuentas de su gestión.

Peralta Betanzos dijo ante las autoridades ministeriales que los integrantes de la asamblea comunitaria fueron recibidos con disparos, por lo que tuvieron que defenderse.

Allí comenzó una trifulca que se extendió a toda la cabecera municipal, lo que dejó dos muertos, siete heridos de bala y al menos cuatro vehículos incendiados. Durante la refriega, los comunitarios detuvieron a Manuel Zepeda Lagunas, hijo de Manuel Zepeda, quien fue entregado con vida a policías estatales y horas después murió en condiciones inciertas. Peralta Betanzos fue detenido el 30 de abril de 2015 en Ciudad de México.

En otros momentos también fueron detenidos sus compañeros, el alcalde Bolaños Pacheco, Herminio Monfil Avendaño (suplente del síndico), Jaime Betanzos, Fernando Gavito, Omar Morales e Isaías Fallardo, algunos presos en Cuicatlán y otros en el penal de Santa María Ixcotel, conurbado a la capital.

Anomalías en proceso

El proceso penal que se le sigue a Peralta Betanzos, está plagado de irregularidades, acusan sus familiares en un comunicado. Señalan que dos de los ocho testigos de la familia Zepeda Cortés no se presentaron a los interrogatorios, a pesar de ser citados durante dos años.

El 14 de diciembre de 2017, al haber concluido el desahogo de pruebas, se solicitó el cierre de instrucción. Según el Código de Procedimientos Penales, esta etapa, previa a la sentencia, no debía tardar más de una semana, pero al secretario de acuerdos, Jesús Canseco, le llevó más de seis meses para acordarlo.