El Programa Especial Concurrente (PEC), creado para impulsar la producción agrícola en zonas campesinas e indígenas, no ha aportado beneficios a ese sector marginado del país, y su valor presupuestal anual que ronda los 334 mil millones de pesos se diluye en acciones que carecen de metas cuantificables.

En el documento Programa especial concurrente para el desarrollo rural sustentable 2012-2018, el Centro de Estudios de Finanzas Públicas de la Cámara de Diputados considera que el PEC concentra demasiados programas, con beneficiarios que en muchos casos resultan inexistentes y ajenos a una instancia rectora que dirija una estrategia única para el desarrollo del medio rural.

Carece de metas físicas cuantificables, lo que impide medir avances; existen programas, subprogramas y componentes con actividades que a veces se duplican, e incluso se contraponen, y su prioridad son los programas sociales sobre los productivos, señala.

Sostiene que el PEC, instrumentado desde 2003, incide poco en el desarrollo del sector agropecuario, mismo que continúa estancado con bajas tasas de productividad y reducida calidad de vida, lo que genera pobreza y marginalidad en todas las regiones del país.

Así, el PEC no ha aportado valores de crecimiento en el sector indígena, cuyas comunidades representan aproximadamente 21.7 por ciento de la población rural nacional.

En 2012, el Poder Legislativo asignó 390 mil 365 millones de pesos al programa, y para 2018 la inversión gubernamental manifestaba una caída notable con 334 mil 314 millones de pesos. En seis años la reducción sumó 56 mil 51 millones de pesos.

En 2008, 26.1 por ciento del total de los recursos aprobados al PEC se etiquetaba a la competitividad y 16.3 a desarrollo social. El cambio se concentra precisamente en esta dualidad, pues ahora sólo 15.9 por ciento de sus recursos se invierten en competitividad y 30.7 por ciento a programas y ayudas sociales.