En semanas recientes, la Comisión Nacional del Agua (Conagua) ha entregado 500 nuevas concesiones, incluso en zonas donde hace 25 días se levantaron las vedas con los 10 decretos sobre reservas de agua que abarcan 55 por ciento de lagos y ríos del país, informaron organizaciones ambientalistas.

También señalaron que hasta ahora se han presentado alrededor de 30 amparos en 12 estados por parte de comunidades y pueblos indígenas. Con estos recursos se busca demostrar que el levantamiento de vedas fue realizado sin consultar ni cumplir con los procedimientos requeridos, se dejan 51 billones de litros de agua al año expuestos a concesiones bajo el principio de la actual ley de el agua es de quien la solicita primero.

Luego de realizar una búsqueda en el Registro Público de Derechos de Agua (Repda) se encontraron concesiones para el gobierno de Veracruz, una de las zonas donde se levantó la veda con los decretos, indicaron analistas que integran la Coordinadora Agua para Todos. Se han comenzado a dar asignaciones a gobiernos de las entidades federativas, aunque de acuerdo con la Ley de Aguas Nacionales corresponde a los municipios el manejo del recurso, indicaron.

Esto ocurre en las legislaciones estatales con las que se crean sistemas de concesiones, una figura que recientemente se ha impulsado en varias entidades federativas como Baja California. Señalaron que se pidió la información de todas las solicitudes y probablemente algo de lo que reporta el Repda es lo que estaba rezagado, pero se prevé que vayan apareciendo usuarios de empresas energéticas. Además, también hay varios casos de concesiones de zonas federales, como en Tamaulipas.

En la Conagua se informó que no estaba previsto el otorgamiento de nuevas concesiones, ya que así lo había señalado hace unas semanas su titular, Roberto Ramírez.

Entre quienes se han amparado contra los decretos están pueblos indígenas teenek y nahuas, así como organizaciones ambientalistas, campesinas y de derechos humanos, incluyendo la Asociación Nacional de Abogados Democráticos, el Centro Mexicano por el Derecho Ambiental, la Central Campesina Cardenista, el Instituto de Derecho Ambiental y La Asamblea Veracruzana de Iniciativas y Defensa Ambiental.

Los amparos se basan en que el levantamiento de vedas no respetó los procedimientos legales ni técnicos para su justificación. De esta manera se abrió un gran volumen de aguas nacionales a ser concesionadas sin respetar el principio del acceso equitativo establecido en la reforma constitucional del 8 de febrero de 2012 que reconoce el derecho humano al agua.

Además, se emitieron los decretos sin respetar el derecho a la consulta de los pueblos indígenas potencialmente afectados. El amparo presentado en Ciudad de México demostró que los decretos representaban una violación a los derechos de la naturaleza, los cuales aquí se reconocen.

Expertos de estas organizaciones consideraron que los decretos son un intento de pintar de verde el levantamiento de vedas, para así extender el mercantilismo de la actual Ley de Aguas Nacionales, en pleno desacato a la obligación constitucional de remplazarla por la Ley General de Aguas anterior a febrero de 2013.