n el Día Mundial Contra la Megaminería a cielo abierto, varios colectivos, así como la Red Mexicana de Afectados por la Minería (Rema), hicieron público un comunicado dirigido a las y los mexicanos, y al próximo gobierno de la República, en un contexto marcado por la precariedad laboral, inseguridad, violencia generalizada, impunidad, falta de procuración de justicia, corrupción, violación de derechos humanos, criminalización de la protesta social, destrucción y contaminación de los ecosistemas y los bienes naturales, así como la imposición de políticas y leyes neoliberales entreguistas que atentan contra la identidad y cultura del y de los pueblos de México.

Manifiestan y visibilizan su repudio a la megaminería: “porque justo esta actividad extractiva, es la que mejor representa el despojo y desplazamiento forzado de la población, la que más encarna la eliminación de la vida en su conjunto, y la que se encuentra encabezada por un grupo de ‘selectos empresarios’ que recurrentemente violan las leyes –sin que existan consecuencias al respecto–, violentan a las y los habitantes opositores a este tipo de proyectos, y establecen, en la mayoría de los casos, un abierto contubernio con el crimen organizado para implantar control territorial”.

De las reformas estructurales neoliberales, se menciona, en particular, la nefasta ley minera de 1992, que en su artículo sexto otorga carácter preferente a la exploración y explotación mineras sobre cualquier otro uso de la tierra. Esta ley, entre otras, ha traído afectaciones graves a cientos de comunidades, cuyos daños han sido documentados por científicos comprometidos que se han decidido a acompañar este tipo de procesos, así como igualmente los han documentado y denunciado cientos de grupos de la sociedad civil. En todos los casos el gobierno mexicano ha mostrado opacidad, omisión con la sociedad, y en consecuencia, complicidad para con las empresas y los empresarios.

Muy graves son las denuncias de las instituciones universitarias, quienes se están acostumbrando a recibir jugosas donaciones, que las mete en conflictos de interés y no en pocos casos, salen a proteger a los empresarios al ocultar, maquillar y manipular datos sobre los terribles daños a la salud y al ambiente que las empresas ocasionan durante su operación cotidiana.

Demandan al gobierno electo: “a). JUSTICIA Y RENDICIÓN DE CUENTAS: Ya no es posible dar continuidad a este modelo extractivo depredador; ya no es posible continuar reafirmando la ‘institucionalización’, tanto de los principios rectores empresariales como la responsabilidad social empresarial o la existencia de la minería verde/sustentable, menos aún se dé continuidad a la falsa premisa de que el que contamina paga (…) b). CANCELAR CONCESIONES MINERAS: Cortar de facto con esta política indiscriminada y entreguista de concesiones mineras, como si los bienes naturales de México fueran de los gobernantes y no de la nación (…) TODAS las concesiones mineras deben ser canceladas DE FORMA INMEDIATA, porque todas sin excepción, han violado las leyes, han violado los derechos humanos y han trastocado y vulnerado la participación y la toma de decisiones de los pueblos y de la gente (…) c). ARMONIZACIÓN LEGISLATIVA PARA LA PROTECCIÓN DEL AMBIENTE Y DE LOS DERECHOS HUMANOS: (…) Los pueblos tienen auto-adscripción, autonomía y libre determinación que hacen valer sus decisiones, a partir de las estructuras de gobernanza que para ello tienen definidas, mismas que están reconocidas por el Estado mexicano. (…) Los proyectos de muerte no merecen ni siquiera preguntarse, se prohíben desde el proyecto de nación de forma tajante. d). FIN DE LA CORRUPCIÓN INSTITUCIONAL (…) que PROFEPA Y SEMARNAT dejen de ser totalmente lo que han sido hasta ahora; fieles artífices, amigos y coadjutores del modelo extractivo depredador que busca minerales, agua, gas, petróleo, a la vez que impone plantaciones como palma africana y transgénicos (…) e). DEMOCRACIA PARTICIPATIVA: Es deseable que el gobierno electo construya una estrategia integral e integradora para que la nación deje de ser corporativa y regrese a su principal función, una nación social. f). RECUPERAR LA SOBERANIA Y LA PAZ SOCIAL: (…) Este ‘nuevo amanecer democrático’ debe también poner un alto al intervencionismo extranjero. Hace falta un ¡ya basta! para que el gobierno canadiense deje, de forma directa y a través de su embajada en México, de impulsar su agenda minera por encima de nosotros como mexicanos. Su política intervencionista y voraz es violatoria a la protección de los derechos humanos y colectivos, en aquellos territorios que son devastados por la operación de empresas mineras canadienses.”

Rema y los colectivos señalan: No hay tiempo ni espacio para mezclas o matices. En algunos temas y procesos, tal como lo señalamos contra el modelo extractivo, esperamos contundencia y no deseamos continuidad, a medias o en transición simulada.