Con fuertes resistencias y cuestionamientos por parte de algunos de sus integrantes, el Colegio Académico de la Universidad Autónoma Metropolitana (UAM) aprobó, tras casi cuatro horas de discusión, su reglamento de transparencia, rendición de cuentas y acceso a la información institucional.

Sin embargo, en su página de Internet no aparecerán de manera detallada los nombres de sus funcionarios, personal de mando alto y medio, y tampoco los docentes, con sus respectivas percepciones económicas que reciben de esta institución pública de educación superior, que en 2017 recibió 6 mil 554 millones de pesos.

Además, en la discusión se aprobó que la UAM consultará al Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales (Inai) los alcances de la ley y de su propio reglamento, además de expresarle su preocupación por tener que hacer pública información delicada como la de los salarios.

Durante la discusión, en la que fueron reservados varios artículos del reglamento, Rafael Díaz García, de la División de Ciencias Biológicas y de la Salud, unidad Xochimilco, y Francisco Pérez Martínez, representante del personal académico de Ciencias Básicas e Ingeniería, unidad Lerma, entre otros, cuestionaron severamente la posibilidad de hacer pública esta información, y aseguraron que por cuestiones de seguridad era muy peligroso brindársela a cualquiera que consulte la página de transparencia.

El abogado general de la UAM, Rodrigo Serrano, en defensa de la comisión que elaboró el reglamento, dijo que en su contenido no hay opiniones personales, sino criterios de ley aplicados por el Inai, los cuales debían cumplirse, pues de lo contrario serían objeto de sanción y multas que no serían cubiertos con recursos de la universidad, sino propios. Citó que otras instituciones, como El Colegio de México, ya cumplen con esta ley.

El artículo más cuestionado del reglamento dice que debe hacerse público el total de las remuneraciones, brutas y netas, del personal de base y de confianza, que debe incluir sueldos, prestaciones, gratificaciones, primas, becas y estímulos al desempeño, comisiones, bonos y compensaciones, con el señalamiento de la periodicidad de estos pagos.

Al igual que los sindicatos, las universidades e instituciones de educación superior de todo el país están inmersas en una enorme opacidad en el manejo de los recursos públicos que reciben. En sus páginas de transparencia no hay información, y cuando la hay, ésta se encuentra desagregada, incompleta o desactualizada.

En una primera sesión matutina, el Consejo Académico decidió no aprobar a Alejandro Tapia Mendoza como nuevo integrante de la Junta Directiva, y acordó emitir de inmediato una nueva convocatoria para cubrir el espacio que desde hace un año dejó vacante Óscar Terrazas Revilla, quien renunció al cargo tras fuertes diferencias con los integrantes de la Junta Directiva, lo que dejó a ese órgano con ocho de los nueve miembros que deben conformarlo.