ndrés Manuel López Obrador ha anunciado una serie de medidas que han generado comentarios diversos, muchos señalan que se trata de ocurrencias o medidas poco reflexionadas. En realidad confirman que efectivamente llevará a cabo a lo que se comprometió durante la campaña. Se trata de planteamientos meditados durante mucho tiempo y que, además, fueron instrumentados en la gestión de AMLO en la Ciudad de México. Sus dos medidas sociales estelares: la generalización y aumento de las pensiones a los adultos mayores fue exitosa social y políticamente, y a 12 años de distancia permanece como el programa social estelar del gobierno de la capital; la de becas a jóvenes sin trabajo ni oportunidad de estudiar, que se pondrá en marcha por vez primera, ha sido reflexionada y calculada cuidadosamente en el costo y la forma de financiarlas.
Pese a que estas medidas serán centrales en el siguiente sexenio y en ellas radicará buena parte del proyecto social de la próxima administración federal, lo que más interés ha despertado son los 50 lineamientos de austeridad, particularmente el tema de los sueldos de los altos funcionarios y sus prestaciones, así como la descentralización administrativa.
Después de hacer públicos los 50 puntos, AMLO informó que el sueldo del Presidente será de 108 mil pesos netos y ratificó que nadie en el servicio público podrá ganar más que él. Junto con esta decisión la reducción de 70 por ciento del personal de confianza ha generado diversas reacciones. Debe entenderse que el propósito es bajar a la mitad el gasto que actualmente se dedica a remuneraciones de los altos funcionarios, lo que es necesario para que el incremento del gasto de los dos programas sociales no implique un incremento del déficit fiscal.
Entre las respuestas inmediatas a estos anuncios destaca la del presidente de la Suprema Corte que defendió su sueldo al aludir razones de independencia de opinión. Pero las reacciones mayores han ocurrido en redes sociales, aprovechando las inevitables contradicciones de una medida general como ésta para ridiculizar la propuesta de austeridad. Al mismo tiempo, en amplios espacios sociales la medida ha generado un respaldo importante. No hay que olvidar que 53 por ciento de los electores votaron justamente porque se aplicara este tipo de medidas, de modo que lo que ocurre es la ratificación del respaldo electoral. Como bien ha señalado AMLO, no puede haber gobierno rico con pueblo pobre. Por eso se afectarán gastos dedicados a los altos servidores, eminentemente suntuarios, como los seguros médicos y de separación del cargo, al utilizar esos recursos fiscales para financiar los programas sociales centrales.
El objetivo de las medidas de austeridad, sin embargo, no está en sueldos y prestaciones, sino en las medidas contra la corrupción que, a tres semanas de la elección, 35 por ciento de los encuestados por el diario Reforma (25/7/18) consideran que es lo primero que debe hacer el nuevo Presidente. La lucha contra ese mal sigue en el centro de las preocupaciones ciudadanas. En este aspecto la decisión de consolidar las compras gubernamentales y licitar todos los contratos de obras es fundamental, pero es más importante que se plantee hacerlo con supervisión de Naciones Unidas y absoluta transparencia. El asunto no es menor. Se trata de un cambio significativo en la manera de actuar que impedirá que ocurran los escándalos vividos en los pasados sexenios, como la estela de la corrupción, la estafa maestra y Odebrecht.
El tema de la descentralización de las oficinas administrativas, anunciado con claridad durante la campaña, ha generado controversia. Es evidente que esta decisión será de difícil instrumentación y habrá que priorizarla y calendarizarla cuidadosamente, pero tiene una clara relevancia en el largo plazo para la sustentabilidad de la CDMX y el balance del desarrollo regional. La decisión fue propuesta en la reunión de AMLO con la Conferencia Nacional de Gobernadores, siendo aceptada en principio. A ello han seguido encuentros de próximos responsables de alguna secretaría de estado con mandatarios estatales para precisar los aspectos centrales. Habrá que negociar con sensatez y prudencia con los sindicatos respectivos en busca de reducir los costos y resolver los problemas que se presenten.
