Xalapa, Ver.

Diputados locales de los partidos Revolucionario Institucional (PRI), Morena y Juntos por Veracruz desconocieron a Marco Evén Torres Zamudio como fiscal especializado en combate a la corrupción. El martes legisladores de los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática e independientes aprobaron su nombramiento.

Por su parte, el gobernador electo, Cuitláhuac García Jiménez, señaló que los diputados ‘‘yunistas’’ no pudieron obtener los dos tercios de los votos requeridos por la ley para aprobar el nombramiento del fiscal anticorrupción e intentaron dejar un ‘‘fiscal carnal’’, el cual ‘‘caerá en tribunales’’.

En conferencia de prensa, los legisladores de oposición rechazaron la ‘‘imposición’’ y exhortaron a los abogados y juristas que atendieron a la convocatoria para ocupar ese cargo a que impugnen el nombramiento ante tribunales.

El coordinador de la bancada de Morena, Amado Cruz Malpica, manifestó que el nombramiento de Torres Zamudio –con 27 de 48 votos en la sesión del martes– fue ‘‘un atropello, una provocación imperdonable y un acto profundamente irresponsable que Veracruz no merece’’.

Explicó que para la designación del fiscal se requerían los votos de dos tercios de los diputados; además, sostuvo, en la sesión del martes no se agotaron los procedimientos señalados en la convocatoria.

Cruz Malpica dijo que, de acuerdo con el artículo 37 de la Constitución estatal, un decreto no puede votarse dos veces en el mismo periodo de sesiones.

El coordinador del grupo legislativo del PRI, Juan Nicolás Callejas Roldán, dijo que su bancada no reconoce a Evén Torres por la forma en que fue nombrado, y consideró que lo mejor habría sido dejar la decisión a la siguiente legislatura, que iniciará funciones a principios de noviembre.

El coordinador del grupo Juntos por Veracruz, Fernando Kuri Kuri, dijo que el nombramiento de Torres Zamudio es ilegal. Sin embargo, el coordinador de la bancada del PAN, Sergio Hernández Hernández, insistió en que se cumplió con la ley, pues en la convocatoria se facultó a la comisión permanente de procuración de justicia a resolver lo no previsto en el procedimiento de designación.