Para cumplir las obligaciones de proteger al Presidente de la República, controlar y vigilar los espacios donde se presenta y operar el transporte utilizado en sus desplazamientos, al Estado Mayor Presidencial (EMP) no se le escatima presupuesto, personal, recursos técnicos de alta sofisticación, armamento e incluso drones. Sin faltar, además, cuando así lo solicite, la renovación de aeronaves, helicópteros, automotores, motocicletas y ambulancias. Todo está a su alcance.

Con un presupuesto para este ejercicio fiscal de casi 640 millones de pesos (entre la operación del propio EMP y la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales), este órgano técnico-militar no ha padecido en los sexenios recientes por restricciones financieras. Así, por ejemplo, en el periodo comprendido entre 2007 y octubre de 2012 ejerció un gasto de 8 mil 325 millones de pesos.

De hecho, la jefatura del EMP presumía, transcurrida apenas la mitad de la presente administración, la adquisición, entre otros, de algunos vehículos aéreos no tripulados (drones) para evaluar “áreas y escenarios previos a los actos presidenciales’’, la renovación parcial de la flota aérea presidencial con cuatro helicópteros Agusta, y un avión King Air 350i, la instalación de equipos de rastreo en tiempo real para 12 helicópteros Guardián Mobility y G5TM, así como la compra de una ambulancia de terapia intensiva y un vehículo para extinción de incendios “con brazo articulado’’.

Todo ello, además de recibir de la Secretaría de la Defensa Nacional (Sedena), en este mismo periodo sexenal, el nuevo avión presidencial Boeing 787-8 José Ma. Morelos y Pavón, cuya operación y las adaptaciones interiores de la aeronave, así como del hangar donde se le guarda en el Aeropuerto Internacional de México, son responsabilidad del EMP.

Siempre en aras de la “seguridad presidencial’’, este organismo respalda todas sus decisiones y solicitudes presupuestales. En este mismo sexenio, por ejemplo, demandó y obtuvo de la Sedena, la sustitución de los fusiles automáticos G-3 calibre 7.62 milímetros por los fax-05, así como el remplazo de buena parte del parque vehicular para trasladar a los soldados del Cuerpo de Guardias Presidenciales (CGP), según consigna el libro Estado Mayor Presidencial, evolución de una tradición de honor y lealtad, editado en 2016.

De acuerdo con el reporte oficial más reciente del EMP, dispone de una plantilla conformada por mil 298 elementos provenientes del Ejército y la Fuerza Aérea Mexicana, 153 de la Marina Armada, 32 de la Policía Federal, 26 de la Secretaría de Seguridad Pública de la Ciudad de México y 360 civiles. A su vez, los batallones del CGP se integran por dos generales, 32 jefes (coroneles, tenientes coroneles y mayores), 337 oficiales (capitanes primero y segundo, tenientes y subtenientes) y 4 mil 445 elementos de tropa.

En total, 6 mil 685 personas a quienes desde el primer día en sus filas (y muchos de ellos transcurren en ellas toda su carrera militar) se les inculca como primer punto de la filosofía de este cuerpo castrense, el alto honor que les representa ser parte de este agrupamiento de elite donde se otorga la máxima importancia a los procesos de selección, integración, adiestramiento y capacitación. Y como entre los requisitos básicos para su desempeño está la probidad, la discreción y honorabilidad, a partir de determinados grados y responsabilidades se les somete periódicamente a exámenes de control de confianza certificados por el Sistema Nacional de Seguridad Pública. Por sus antecedentes, respaldo institucional, personal y equipamiento dedicados, principal aunque no exclusivamente, a cuidar al jefe del Poder Ejecutivo, el EMP nunca había considerado la posibilidad de su desintegración. Y hoy eso está a punto de ocurrir.

Ex integrantes del EMP de alta jerarquía, cada vez tienen menos dudas en identificar como un eufemismo de Andrés Manuel López Obrador su expresión de que no desaparecerá ese cuerpo técnico-militar sino que se incorporará “por completo’’ a la Secretaría de la Defensa Nacional.

“Ni modo que vayamos a estar ahí, sin hacer aquello para lo que fuimos formados y a la espera de un nuevo presidente que nos reivindique y regrese a nuestras funciones. Sus palabras equivalen a una disolución del EMP, no es otra cosa...’’, concluye un general ya en retiro con la petición expresa de no ser identificado.

Pero afianzan su convicción de la necesidad de mantener el EMP en su confirmación actual, a partir de los valores, compromiso y preparación especializada en la protección de personas: “La seguridad del presidente está en manos de militares por las mismas razones que éstos tienen a su cargo buena parte de la seguridad pública: no se tiene confianza en los cuerpos civiles para realizar esas tareas’’, consideran.

Deslizan entonces como una alternativa para su permanencia: ajustar su conformación y desligarlo de otras tareas como el transporte aéreo que utiliza el titular del Ejecutivo o eliminar las funciones de seguridad para los integrantes del gabinete, “pero no prescindir de su experiencia y especialización para cuidar al presidente y atender a dignatarios extranjeros tanto en términos de protección personal como de la logística y organización de las actividades de la agenda que desahogarán en México’’.