fin de cuentas, el controvertido caso del fideicomiso para damnificados recorrerá el sendero institucional: Andrés Manuel López Obrador (AMLO) confirmó ayer que su partido, Morena, ha impugnado la decisión del Instituto Nacional Electoral (INE) ante el órgano jurisdiccional correspondiente, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación.

La reiteración de ese apego a la institucionalidad debería sosegar a las voces críticas, que se han desbordado ante la postura de respuesta y desafío que ha asumido AMLO, al tomar la defensa del caso como virtual dirigente partidista y no como virtual presidente electo, en un pejiano romper de moldes políticos que ha generado una cascada de opiniones y comentarios adversos de buena parte de una clase mediática relativamente silenciosa y silenciada (en lo profundo, en lo trascendente) ante casos graves y evidentes de fraude electoral, corrupción e impunidad a lo largo del sexenio en curso y la mayoría de los anteriores.

A diferencia de otros de esos casos, el expediente del fideicomiso Por los Demás ha significado ya un notable avance en cuanto a la voluntad mediática y política de escrutinio de los procesos electorales. Un gran paso sería que esa misma enjundia se manifestara en temas como Odebrecht y el financiamiento con capital extranjero de parte de la campaña presidencial de Enrique Peña Nieto, o las múltiples evidencias de compra del voto y fraude electoral en comicios recientes, como los de Coahuila y el estado de México.

Pero los sucesos del fideicomiso de la discordia están siendo utilizados para una estrategia que va más allá de una multa o de la natural descalificación política grave que derivaría de la confirmación judicial de ese castigo. En un escalamiento que parecería descabellado, el tema está siendo utilizado en una tentativa de desconocimiento de los resultados electorales ampliamente favorables a Morena y en particular a López Obrador. Ya hay voces que están abonando el terreno en el sentido de que el fideicomiso Por los Demás constituiría una de las causales para anular la elección del primer día del mes en curso, en cuanto demostraría que hubo financiamiento paralelo y oscuro en el actuar del joven partido y sus aliados.

Ese intento de golpismo legaloide va más allá del discutible terreno de lo jurídico, pues trata de revocar la inusitada expresión cívica a favor de un proyecto partidista de claroscuros que, sin embargo, constituyó a los ojos de los votantes la única oportunidad viable de mejorar pacíficamente a México. El tribunal electoral (gulp), la institucionalidad (dos veces gulp), tiene ahora la palabra.

Es positiva la primera impresión del gabinete parcial que ayer anunció Claudia Sheinbaum. Hay una notable participación de mujeres que, según las historias personales que se compartieron ayer oficialmente, tienen conocimiento y experiencia para asumir sus responsabilidades en el equipo chilango de trabajo. De entrada, se apunta que predominaron criterios académicos y de eficacia, conforme a la propia visión predominante de la licenciada en física y doctora en ingeniería energética que ahora gobernará la muy difícil Ciudad de México.

En el conjunto de nuevos funcionarios destaca el nombramiento de Rosa Icela Rodríguez Velázquez, ex reportera de asuntos políticos de La Jornada que durante más de dos décadas ha cumplido con discreción y honestidad diversos cargos en el aparato político capitalino. Fue coordinadora de comunicación social de la Asamblea Legislativa del Distrito Federal, con Martí Batres como coordinador de este órgano; directora de participación ciudadana y concertación política con López Obrador como jefe de Gobierno; secretaria de desarrollo social con Miguel Ángel Mancera (como gesto original de buena voluntad de éste a AMLO), luego enviada a la secretaría de desarrollo rural, que dejó a principios de este año.

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