la base de la nueva práctica del próximo gobierno deberá estar no sólo una renovada estrategia del desarrollo energético, sino también una nueva estructura gubernamental para sustentar su instrumentación de la forma más transparente y eficiente.
Estrategia y estructura –y, sin duda, práctica de servidores públicos– deberán ser capaces de caracterizar y atender los graves problemas del sector energético. E impulsar soluciones pertinentes y oportunas. Siempre –sin duda– con personas probas y de alta calidad laboral, técnica y ética.
En esta nota de cierre
de algunas reflexiones sobre el futuro de la reforma energética permítaseme referirme a la urgencia de una nueva estructura sectorial. Sí, el sector energía exige una nueva estructura orgánica, según el Censo Nacional de Gobierno Federal del Instituto Nacional de Estadística y Geografía (Inegi) agrupa 29 instituciones. Específicamente la Secretaría de Energía (mil 14 personas según el censo) se organiza en tres subsecretarias, una oficialía mayor y una oficina del secretario que agrupan 24 unidades o direcciones generales que, a su vez, coordinan 125 direcciones generales adjuntas o de área. Un total de 154 funcionarios de lo que podríamos llamar primer nivel. Una simple revisión de funciones, permite descubrir –al menos– duplicidades, y en algunos casos áreas superfluas.
Luego de cuatro años de cambios legales no es ocioso realizar un análisis de su estructura, pero también de las estructuras orgánicas de Petróleos Mexicanos (Pemex) y de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), ahora con empresas subsidiarias y filiales que han multiplicado al máximo posible los niveles de dirección general.
En particular, la estructura de Pemex se debate al menos desde 1992, en ocasión de la instauración de un nuevo mecanismo de determinación de precios internos, fundado en la separación de procesos que –encadenadamente– transferían sus precios.
Sólo a manera de ejemplo recordemos que hay tres institutos de investigación: Mexicano del Petróleo (IMP), Nacional de Electricidad y Energías Limpias (INEEL) y Nacional de Investigaciones Nucleares (ININ). Dos comisiones desconcentradas: Seguridad Nuclear y Salvaguardias (CNSNS) y Uso Eficiente de Energía (Conuee), además de la recién creada Agencia de Seguridad, Energía y Ambiente (ASEA).
Agreguemos –y sólo para ejemplificar– las comisiones reguladoras coordinadas en materia energética: Nacional de Hidrocarburos (CNH) y Reguladora de Energía (CRE). Ambas requieren –en rigor– una revisión crítica y autocrítica de su estructura y funcionamiento y, sin duda, de sus resultados.
Será necesario recuperar la experiencia del personal técnico que ha ocupado buena parte de estos puestos y someter a evaluación la posibilidad o la necesidad de redefinir esas estructuras en orden a impulsar las nuevas estrategias del desarrollo energético nacional, pero con organizaciones más simples, eficientes y oportunas. Sin olvidar –nunca– que los puestos llamados de primer
nivel deberán ser ocupados por personas capaces de comprender no sólo las urgencias y las complejas tendencias sectoriales, sino también los obstáculos, condiciones y requisitos que deben satisfacerse para atender –a la brevedad posible– las demandas de la población. Esencialmente, suministro de manera confiable, oportuna y segura de combustibles y electricidad. Y al menor precio posible. De veras.
