Ante el problema de desaparición de personas en el país, tanto en los casos donde intervienen servidores públicos como particulares, se alista la operación de fiscalías especializadas en la materia para 18 estados.

La Secretaría de Gobernación (SG) ha entregado este año a 18 entidades federativas una partida para la creación de fiscalías que deberán contar con personal altamente capacitado e infraestructura tecnológica adecuada.

De la misma manera, las del ámbito estatal deberán coordinarse con la fiscalía especializada adscrita a la Procuraduría General de la República (PGR).

La inversión para todas esas entidades es –en conjunto– de 28.1 millones de pesos para ese fin, presupuesto mucho mayor a los 4 millones que se asignaron en 2016, pese al crecimiento de la problemática.

Al mismo tiempo, se elaboran protocolos homologados de investigación y lineamientos para la conservación de cadáveres y restos de personas.

Cuando pensamos en tortura o en desaparición forzada de personas, hay palabras que automáticamente vienen a nuestra mente y nos pueden dejar helados, señaló Álvaro Vizcaíno Zamora, titular del secretariado ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública (SNSP), de la SG.

Agregó que estos delitos ocasionan miedo, angustia, desesperación, terror, ansiedad, incertidumbre, violencia, silencio y muerte; es por eso que debemos prepararnos para dar respuesta a la sociedad civil y, sobre todo, trabajar en favor de la tolerancia, la coordinación, la certeza, paz, seguridad, respeto a los derechos humanos y vida.

Durante el foro Retos y perspectivas en la implementación de las leyes generales de tortura y desaparición de personas, realizado en coordinación con el Laboratorio de Cohesión Social México-Unión Europea y la Agencia Mexicana de Cooperación Internacional para el Desarrollo, Vizcaíno dijo que la finalidad es conocer las prácticas internacionales para la erradicación de estos delitos y establecer protocolos y procedimientos de acuerdo con normas internacionales.

El registro histórico, entregado hace algunas semanas por el SNSP a la Comisión Nacional de Búsqueda de Personas (CNBP), incluye poco más de 37 mil expedientes de personas no localizadas en el país. Esta lista deberá ser depurada y hacerse una nueva a la brevedad.

Los compromisos internacionales del país –tanto en tortura como en desaparición– se originan en 1980. Casi 40 años después, los temas abordados por funcionarios mexicanos y sus pares internacionales y de la sociedad civil se relacionan con el fortalecimiento de fiscalías especiales y en la necesidad de generar programas preventivos contra los delitos.

También se requiere capacitar a los agentes del Ministerio Público y peritos en investigación criminalística para generar personal altamente especializado en la búsqueda de personas, así como en la atención integral de las víctimas de ambos delitos, además de avanzar el engranaje de la CNBP dentro del marco de la ley general respectiva.

El Estado mexicano, subrayó Vizcaíno, actúa en un tema que produce miedo y escalofríos: tortura y desaparición forzada. En este último, la ley general en la materia prevé crear un banco nacional de datos forenses, un registro de fosas, el uso de alertas de búsqueda y aplicación de protocolos homologados; por ahora, ya se tiene el formato para que los policías reporten detalles de una detención y el perfil y fotografía del aprehendido.