Durante los últimos días de junio y los primeros de julio, en el cierre de campañas y días posteriores de la pasada jornada electoral se registró una baja notable en la incidencia delictiva, situación que sorprendió a las autoridades de seguridad, pero a la vez sólo la consideraron estacional, en un contexto de picos sin precedente en crímenes de alto impacto.

Pese al cierre atípico, la contienda tiene un recuento oficial de 38 candidatos asesinados, reconocidos así por el Instituto Nacional Electoral, señalaron integrantes del gabinete de seguridad.

Sólo uno de los aspirantes asesinados competía en comicios federales (el resto en los locales). Era candidato en Piedras Negras, Coahuila, su asesino material ya está identificado y se ha girado orden de aprehensión, aunque aún no está cumplimentada.

A pesar de que el asesinato de candidatos amenazaba la asistencia a las urnas, las autoridades ponderan la alta participación ciudadana, por arriba de 63 por ciento del padrón electoral.

Igualmente, se afirma que los ataques fueron en zonas concretas, especialmente donde la instancia civil es muy vulnerable al crimen, de tal manera que los ataques buscan doblegarlos o imponer a quienes ellos eligen para la contienda electoral.

La gente expresó con su voto lo que quería para México, indicó un integrante del gabinete de seguridad, responsable de la coordinación operativa y de información en la jornada electoral.

Los puntos más violentos en el país, relacionados a la pugna de grupos criminales por el control de plazas, se ubican en Chihuahua, Tamaulipas, Jalisco, Colima, Nayarit, norte de Michoacán, Guanajuato (por el robo de combustible-huachicol) y Guerrero.

A escala nacional, de enero a mayo, se cometieron 11 mil 437 homicidios dolosos.

Las entidades mencionadas por los integrantes del gabinete de seguridad, como parte de las regiones más complicadas , concentran 42 por ciento de los asesinatos intencionales.

Las autoridades destacan algunas bajas por zonas específicas o delitos como el secuestro (de enero a mayo fueron denunciados 401 casos del fuero común) e incluso el feminicidio, pero reconocen aumento regional en el de mayor impacto, los homicidios dolosos, la mayoría cometidos con arma de fuego y vinculado a la disputa por el control de plazas para el trasiego nacional e internacional de drogas.

Persiste entonces la crisis de violencia e inseguridad, con picos históricos como el máximo registrado en mayo pasado, con 2 mil 530 asesinatos, de los cuales casi 70 por ciento fueron perpetrados con arma de fuego.