n una pesquisa inquisitorial digna de mejores sujetos, el Instituto Nacional Electoral (INE) inventó que Morena habría sustraído fondos del fideicomiso Por los Demás, creado por militantes, dirigentes, legisladores, funcionarios y simpatizantes de ese instituto político para financiar actividades partidistas, dio por hecho con base en inferencias que el instrumento financiero es de
Morena y que el partido violó las leyes al no avisar al propio INE de la creación del fideicomiso.
Se trata de una resolución calumniosa de principio a fin. Los fondos recaudados hasta el momento por Por los Demás han sido escrupulosamente entregados a un total de 27 mil 288 damnificados de los sismos de septiembre a razón de 2 mil 400 pesos por persona en los estados de Oaxaca, Chiapas, Morelos, Puebla, Guerrero y estado de México, así como en la capital de la República. El propio fallo –emitido a raíz de una queja del Partido Revolucionario Institucional y basado en información que la autoridad electoral obtuvo de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores y que presentó en forma amañada y parcial– reconoce que no hay ninguna prueba documental que permita establecer transferencias de recursos de Morena al fideicomiso y viceversa.
La resolución acepta que la constitución del fideicomiso como acto jurídico aislado se materializó conforme a la normativa financiera y mercantil aplicable
y que “como acto jurídico prima facie entre particulares y cuyo objeto lícitamente fue determinado entre las partes, desde la perspectiva del acto jurídico del fideicomiso no existiría una transgresión directa al marco normativo que rige dichos actos”. ¿Cuál fue entonces el delito? Según el INE, que Morena habría creado el fideicomiso, simulado que era independiente, aceptado transferencias en efectivo de procedencia desconocida y emitido órdenes de pago, también en efectivo, a cuadros de Morena, para que el dinero fuera a parar al partido.
La recepción del dinero se autorizó porque su origen estaba identificado y la entrega en billetes y monedas se llevó a cabo por una razón que la mayoría de los consejeros del INE parece no conocer: buena parte de los damnificados de los sismos no tienen cuenta bancaria, además de que en sus lugares no necesariamente existen sucursales ni cajeros automáticos del banco que opera el fideicomiso.
Lo que el INE pretende desconocer es que los ciudadanos pueden organizarse de distintas maneras y para propósitos distintos. El hecho de que morenistas de todos los niveles se hayan organizado de manera puntual y legal, en calidad de particulares, para obtener donaciones y repartirlas entre quienes se vieron afectados por los sismos, no coloca al fideicomiso bajo la autoridad ni en la estructura del partido ni es violatorio de ley o disposición alguna.
En cuanto al manejo de efectivo en donaciones y en entregas de la ayuda, unas y otras están perfectamente documentadas y están identificados cada uno de los donantes y los beneficiarios y está a disposición del Servicio de Administración Tributaria, de la Procuraduría General de la República, del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales y del propio INE, a pesar de que éste no pidió ver la documentación correspondiente antes de emitir su resolución por la simple razón de que no pretendía investigar objetivamente sino armar una acusación que pudiera parecer verosímil y condenar con base en ella.
Se trata, en suma, de una resolución basada en piruetas conceptuales y asociaciones forzadas, orientada a hacer caer la sospecha de corrupción en dirigentes, militantes y simpatizantes de Morena y en los integrantes del fideicomiso, constituye una acción que utiliza de manera facciosa a la institución electoral para desacreditar a posteriori el triunfo electoral del primero de julio (es que no tuvieron otro remedio que aceptarlo) y es un acto aberrante y deshonesto que pretende criminalizar la solidaridad.
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