a trampa, o el retorcimiento, está en el concepto de legalidad: con el caso del morenizado fideicomiso para damnificados por el sismo se va tendiendo un cerco de legalidad, selectiva y magnificada, en torno a Andrés Manuel López Obrador (AMLO), pues el mismo sistema o aparato de poder que reconoció sin chistar el arrasador triunfo electoral del tabasqueño ahora buscará someter al Virtual Presidente Electo a los términos de esa misma normatividad administrada en primera instancia por el Instituto Nacional Electoral (INE) y, en segunda y definitiva, por el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF), órgano este que en unas semanas deberá declarar válidas o inválidas las recientes elecciones y sus resultados.

En estricto sentido jurídico, y en el plano de normalidad legal y electoral que se pretende derivar del extraño primero de julio reciente (normalidad asumida con temeridad y desmemoria por parte de algunos de los presuntos beneficiados por este falso milagro), el expediente del fideicomiso denominado Por los demás debería transitar, sin mayores sobresaltos ni aspavientos, por las vías institucionales. La investigación realizada por la Unidad Técnica de Fiscalización del INE contiene suficientes datos e indicios de una actividad de particulares (la creación del mencionado fideicomiso), relacionada con un partido: desde la dirección fiscal, que es la misma de la sede nacional de Morena, hasta la militancia de quienes depositaban y quienes recibían recursos económicos. Si fuera cierto lo que hasta ahora sostiene el INE en este caso, se estaría en presencia de una conducta jurídicamente punible. También, desde luego, existe la posibilidad de que sea falsa o intencionalmente exagerada la narrativa respecto a esos depósitos y retiros, y que haya sido genuina y demostrable la presunta intencionalidad de asistencialismo postsísmico y no de manipulación económica para fines electorales.

Pero ese paso de superior evaluación judicial, en aras de la normalidad y la legalidad supuestamente reinstaladas el primer día del mes en curso, corresponde al antes mencionado tribunal electoral federal. Los directivos de Morena, y el Virtual Presidente Electo, han quedado entrampados en esos senderos de los nuevos tiempos: como depositarios de un apabullante poder político en espera de su formal instalación institucional, podrían haberse declarado pulcramente dispuestos a que las instancias adecuadas analicen y valoren los datos del expediente presentado por el INE y la cuantiosa multa impuesta. En lugar de ello, están optando por el adjetivo y la calificación, más lo político que lo jurídico, más el posicionamiento en el campo de batalla postelectoral que el esclarecimiento en el terreno institucional.

Suficientes motivos hay, desde luego, para el encono y la desconfianza. El aparato peñista se ha especializado en cometer descomunales atracos a la letra legal para encubrir conductas delictivas que, en otras condiciones, probablemente habrían llevado a la deposición de Enrique Peña Nieto y a la cancelación del registro del Partido Revolucionario Institucional, sólo a causa del caso Odebrecht y el financiamiento con fondos extranjeros para parte de la campaña presidencial de 2012, caso de escándalo internacional que mediante métodos francamente mafiosos se ha impedido investigar y castigar en su vertiente mexicana. Recientes casos de extrema delincuencia electoral impune se vivieron en los comicios de Coahuila y estado de México.

Con tales antecedentes y contexto, es natural que el súbito fulgor justiciero del INE sea percibido como parte del entrampamiento al que los poderes subsistentes pretenden someter al tabasqueño. Hoy, la ley electoral; mañana, las leyes laborales respecto a despidos y reajustes en el aparato burocrático federal; más adelante, leyes internacionales para oponerse a cualquier pretensión de ajustes en contratos en materia energética: las trampas de la ley.

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