El 30 de noviembre de 2012, en una de sus últimas actividades antes de entregar la banda presidencial, Felipe Calderón Hinojosa firmó un decreto de reformas y adiciones al Reglamento del Estado Mayor Presidencial (EMP) para garantizar la permanencia, y eventual ampliación, de un cuerpo de seguridad para los ex presidentes de la República y de sus familias, así como para recibir atención médica permanente en el Centro Hospitalario operado por ese órgano técnico militar.

Y quizá como gesto de agradecimiento en el epílogo de su sexenio, cuando declaró la guerra contra el crimen organizado y, paradójicamente, los niveles de violencia se elevaron en forma exponencial, el presidente Calderón –segundo en la era del PAN– incorporó los beneficios del derecho a disponer de escolta y mantener el servicio de salud a los ex jefes del EMP.

Esta última prestación se extiende desde entonces, además, a los ex titulares de las tres subjefaturas del Estado Mayor Presidencial: seguridad, logística y administración.

Por ley, el Presidente de la República es el jefe de las fuerzas armadas del país. Y el próximo mandatario, a partir del primero de diciembre, Andrés Manuel López Obrador, ha reiterado su determinación de disolver al EMP, cuerpo de élite dedicado exclusivamente a brindar seguridad, organizar las actividades públicas y privadas, y encargarse del transporte aéreo para el desplazamiento del jefe del Ejecutivo federal, su familia y los integrantes de su gabinete.

Para estas funciones, el EMP dispondrá este año de un presupuesto global de 639 millones 774 mil 753 pesos.

De esa cantidad, 398 millones 551 mil 136 pesos corresponden exclusivamente al EMP, y de este monto, 337 millones 28 mil 218 pesos se destinarán al pago de servicios personales y el resto, 61 millones 522 mil 918 pesos, a gastos de operación.

A su vez, la Coordinación General de Transportes Aéreos Presidenciales gastará este año 241 millones 223 mil 617 pesos, de los cuales 78 millones 490 mil 302 pesos se utilizarán para sueldos, salarios y prestaciones, y 162 millones 733 mil 315 para gastos de operación.

Para hacer un comparativo estrictamente presupuestal, la Coordinación de Ciencia, Tecnología e Innovación de la Presidencia de la República tiene una asignación de 7 millones 729 mil 358 pesos para 2018, el cual prácticamente está repartido en partes iguales entre gastos de operación y percepciones del personal.

Sin embargo, mientras el salario y las prestaciones del presidente Enrique Peña Nieto son públicos, vía la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y de la propia Plataforma Nacional de Transparencia del Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, no ocurre lo mismo con los ingresos que percibe el actual jefe del EMP, Roberto Miranda Moreno.

La actualización más reciente del Portal de obligaciones de transparencia del sector presupuestal Presidencia de la República, data del 17 de agosto de 2017.

Ahí, no obstante su ascenso a general de división en 2015, se mantiene a Miranda Moreno como general de brigada.

La clave de su puesto es PMCN y se identifica al mismo como Militar con nivel y personal de confianza, pero en los renglones de remuneración total, bruto y neto, se lee en ambos: .01 pesos.

Y con la leyenda: Dato no disponible, se ocupa el espacio relacionado con la información relativa a los seguros (institucional, colectivo de retiro, de gastos médicos, de separación individualizada y de riesgos de trabajo), las prestaciones económicas (primas vacacional y de antigüedad, gratificación de fin de año, paga por defunción, ayuda para despensa y vacaciones), los beneficios de seguridad social, las asistencias inherentes al puesto (legal, asignación de vehículo y/o apoyo económico, equipo de telefonía celular y gastos de alimentación) y otro tipo de incentivos, como préstamos, becas e indemnizaciones.