Madrid

El bloque independentista catalán vivió una jornada de diferencias y enfrentamientos, que acabó con acusaciones mutuas de mentir y el anuncio de que a partir de ahora se había perdido la confianza entre los partidos Esquerra Republicana de Cataluña (ERC) y Junts per Catalunya (JxCat). El origen del conflicto fue la sesión parlamentaria en la que se iba a decidir si se acataba la orden judicial que exigía la suspensión de las actas de diputados de los líderes independentistas presos o procesados por la declaración unilateral fallida de independencia del pasado 27 de octubre, incluida la del ex presidente Carles Puigdemont.

La sesión se tuvo que cancelar ante la disputa pública entre ambos partidos que han liderado hasta ahora el proceso de secesión.

ERC, que tiene la presidencia del Parlamento, decidió acatar las recomendaciones de los letrados del Parlamento de que suspendiera, al menos de forma temporal, a los cinco diputados que tienen acta y que están en prisión o fugados en otro país, entre ellos Puigdemont; el ex vicepresidente de la Generalitat, Oriol Junqueras, y los ex consejeros Jordi Tsurull, Josep Rull, Raül Romeva, así como el todavía presidente de la Asamblea Nacional Catalana, Jordi Sánchez. Todos ellos, con la excepción de Puigdemont, que está en Alemania a la espera de que se active su orden de extradición por el delito de malversación, están encarcelados desde el pasado noviembre, acusados de los delitos de rebelión, malversación y desobediencia.

El juez del Tribunal Supremo, Pablo Llarena, que instruye el caso contra los 23 dirigentes catalanes acusados de liderar el proceso unilateral de secesión, instó al Parlamento catalán a anular las actas, una vez que la investigación está cerrada y está a punto de iniciar el juicio oral, con lo que se prevé que este mismo otoño haya una sentencia en firme.

Los dirigentes de ERC y el presidente del Parlamento decidieron acatar los dictámenes jurídicos de sus propios letrados, pero los representantes de JxCat, que representa los intereses de Puigdemont y del nacionalismo conservador catalán exigieron que en ningún caso se acatara la orden y que no se suspendiera al ex presidente, al considerar que no está detenido.

Sergi Sábria, vocero de ERC, reconoció que se habían roto todas las confianzas, pero que intentarán que la ruptura en el seno del Congreso catalán no se traslade al Ejecutivo presidido por Quim Torra, quien cuenta con el apoyo de los diputados de ERC.

Albert Batet, diputado de JxCat, acusó a sus compañeros de movimiento de mentir y les instó a que se decidan si quieren defender a los presos políticos o blanquear al Partido Socialista de Cataluña.