Como parte de una agenda de 13 puntos sobre contrataciones públicas, la Comisión Federal de Competencia Económica (Cofece) solicitó al próximo gobierno que la incluya de manera obligatoria en las licitaciones de más de mil millones de pesos para garantizar condiciones de competencia y abatir la corrupción, pues sólo 12 por ciento de los contratos públicos se otorgan mediante licitación pública y concentran 60 por ciento de los recursos públicos erogados al respecto.

La presidenta de la Cofece, Alejandra Palacios, precisó que seis propuestas de la agenda pueden ejecutarse con el puritito interés político del próximo presidente, Andrés Manuel López Obrador, mediante decretos, en tanto que otras siete implican cambios legislativos.

Refirió que en 2017, el gobierno federal gastó 585 mil millones de pesos (equivalentes a 3.2 por ciento del producto interno bruto) en 228 mil contrataciones públicas de obras, servicios y compras de productos.

Sólo 12% de contratos, por licitación pública

El 78 por ciento de los contratos se otorgó por medio de una adjudicación directa, 10 por ciento por invitación a cuando menos tres personas y sólo 12 por ciento por medio de una licitación pública, precisa la agenda de competencia para un ejercicio íntegro en las contrataciones públicas de la Cofece que Palacios entregará al equipo de transición de López Obrador, a los legisladores federales y al Sistema Nacional Anticorrupción.

En términos del monto económico de los contratos, ese 12 por ciento de los adjudicados el año pasado por licitación pública concentraron 60 por ciento de los recursos erogados por el gobierno federal. Otro 29 por ciento de los recursos se destinó a los contratos de adjudicación directa y 10 por ciento a los de invitación a 3 personas. La presidenta de la Cofece detalló que sólo 37 licitaciones rebasaron mil millones de pesos cada uno y se concentraron en obra pública, compra de medicinas o material médico en el sector salud, transporte, en Pemex y CFE, mientras 35 mil 700 superaron el millón de pesos cada uno.

Empresas simulan competir

La Cofece, dijo, ha detectado que de manera recurrente las empresas simulan competir e incurren en acuerdos ilegales tanto entre sí como con las autoridades, lo que incrementa entre 15 y 30 por ciento los precios de productos y servicios contratados por el sector público, en contraste del promedio de 20 por ciento de los países de la OCDE.

El organismo antimonopolios incluye en las 13 propuestas que el gobierno establezca un mercado virtual que obligue a las dependencias públicas a realizar sus compras de menor monto a las pequeñas empresas y pide a los legisladores hacer los cambios para que se restrinja la participación simultánea de consorcios de un mismo corporativo o grupo económico en una licitación porque actualmente así lo hacen para simular que compiten entre sí.

También exige aplicar la inhabilitación prevista en la Ley General de Responsabilidad Administrativa, pues aunque la Cofece sanciona a empresas, particulares y funcionarios que incurrieron en colusión, desconoce si fueron inhabilitados por la Secretaría de la Función Pública. Palacios ponderó que “más que las multas, el verdadero castigo fuerte por incurrir en actos de colusión es no poder concursar de nuevo en licitaciones públicas.