La alerta se había dado. Alguien quería atentar contra la vida del ex gobernador de Veracruz Javier Duarte, quien esperaba su extradición a México mientras se encontraba en el penal de Matamoros, Guatemala.

En ese país operan los cárteles de Sinaloa, Jalisco Nueva Generación y Los Zetas. Esta última organización se estableció en el estado que gobernó el ex mandatario. La amenaza vino de un grupo criminal, pero no se sabía de cuál.

Por eso, las autoridades guatemaltecas querían apresurar su extradición; se podía cumplir la amenaza, Guatemala no quería problemas.

Francisco Rivas, ministro de Gobernación del gobierno guatemalteco, lo dijo el 7 de julio de 2017: tenerlo aquí representa un riesgo. Diez días después, Javier Duarte, por fin, fue entregado a la Procuraduría General de la República.

A un año de su extradición, el ex gobernador veracruzano continúa en el reclusorio Norte de Ciudad de México a la espera de que termine su juicio.

El 15 de abril del año pasado, el priísta fue detenido en el complejo La Riviera de Atitlán, municipio de Panajachel del departamento de Sololá, en Guatemala. De acuerdo con los trabajos de inteligencia, Duarte había cruzado la frontera vía terrestre; llevaba menos de una semana en Guatemala.

Llegó al hotel La Riviera de Ati-tlán, junto con su familia, al departamento con el número 505 de una de las torres del complejo con una preciada vista al lago y a los volcanes Atitlán, Tolimán y San Pedro.

Al terminar su mandato el 30 de octubre de 2016, Duarte de Ochoa viajó en un helicóptero del gobierno de Veracruz que proporcionó el entonces gobernador interino, Flavino Ríos, para trasladarse a Coatzacoalcos… después ya no se supo de él. Las pesquisas apuntaban a que el prófugo de la justicia estaba en Chiapas, por lo que las autoridades federales lo buscaron en esa entidad.

El 7 de junio del año pasado, la PGR y la Secretaría de Relaciones Exteriores (SRE) anunciaron la solicitud formal de extradición al gobierno de Guatemala para enfrentar un proceso por los delitos de delincuencia organizada y operaciones con recursos de procedencia ilícita, así como en dos órdenes libradas por la juez de control del juzgado de proceso y procedimiento penal oral de Jalapa, Veracruz, por los delitos de abuso de autoridad, incumplimiento del deber legal, peculado, tráfico de influencias y coalición.

En la audiencia en el Centro de Justicia Penal del Reclusorio Norte, la PGR presentó 82 datos de prueba ante el juez en contra de Duarte sobre la forma en que habría operado para desviar recursos del erario. Javier Duarte espera a que se juzgue su situación.