í, Andrés Manuel López Obrador (AMLO) también arrasó en el campo. De los casi 17.7 millones de votos que aporta la sociedad rural a la elección presidencial, más de 8.7 millones fueron para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia. No es poca cosa que casi la mitad del electorado rural, 49.4 por ciento, haya decidido votar por transformar sus condiciones de vida y al país.

Tradicionalmente el voto rural era para el partido en el poder, obtenido mediante el uso de los programas oficiales para beneficiar clientelarmente a sus electores. Los sacos de cemento, las láminas, los fertilizantes, las despensas, o el dinero, que años atrás alcanzaron para comprar los puestos de elección popular, en esta ocasión también se usaron. En distintos parajes, los caciques se han refuncionalizado y forman parte del crimen organizado que controla vastos territorios. El asesinato de distintos candidatos electorales, muchos de ellos de regiones rurales, es muestra de lo que se juega en el campo y del rechazo de distintas fuerzas a perder el poder que han obtenido.

Así, optar por Morena no era fácil. Las amenazas, las posibles represalias, en comunidades donde todos saben quién es quién, debió pesar a la hora de decidir el sentido del voto.

Muchos no querían salir de sus lugares, esperando el día de la votación para no tener contratiempos. Otros tuvieron que desplazarse por caminos accidentados para llegar a su casilla. Una gran mayoría la jugó a la sorda, sin comentar, ni hacer pública su decisión. Otros se volcaron a hacer campaña, buscando organizarse para cuidar la elección y aportaron sus propios recursos: camionetas, gasolina, copias, volantes, tiempo. Con los antecedentes de los fraudes no existía ninguna garantía.

Por eso el contento en el campo hoy es muy grande. Todavía no ha cambiado nada, pero la sensación de haber liberado al país del secuestro en que lo mantenía la oligarquía abre un horizonte de esperanza. Hay una gran energía social desplegada. La gente sabe que la victoria es suya y está ansiosa por trabajar, organizar, participar.

Pero también algunas propuestas encienden focos de alerta sobre la orientación que el nuevo gobierno busca dar al país. El futuro jefe del gabinete, Alfonso Romo, ha declarado que México debe ser un paraíso para la inversión privada. El gobierno del presidente Enrique Peña Nieto ha procurado lo mismo. Para ello realizó las reformas energéticas y extractivas, que colocaron el interés de las corporaciones por encima del ambiente, de la naturaleza, de las decisiones de los dueños y propietarios de la tierra, de la autonomía que demandan los pueblos indígenas. Los campesinos y los pueblos indígenas de México son dueños de más de la mitad del territorio nacional y han sufrido los proyectos mineros, petroleros, de hidroeléctricas, plantas eólicas y otros megaproyectos como un despojo autoritario. Su establecimiento ha sido una imposición contra la voluntad colectiva y han llegado acompañados de la violencia política y del crimen organizado, que ha trastornado y hecho imposible la vida en muchas regiones. Los saldos documentados de la minería en la destrucción de los pueblos y comunidades indígenas y campesinas no puede continuar. Los nuevos proyectos de hidroeléctricas y minihídricas que amenazan a los sitios mejor conservados del país como la Chinantla, la Lacandona, la Sierra Norte de Puebla, las cuencas del río Papagayo, en Guerrero, y San Pedro, en Nayarit, y muchas otras, no cuentan con el consentimiento de los pueblos indígenas que son propietarios y poseedores de esos territorios. Tampoco lo tienen las empresas eólicas instaladas en territorios zapotecos y que buscan establecerse en regiones mayas y de otros pueblos indígenas.

Ampliar las zonas económicas especiales en Guerrero, Oaxaca y Chiapas, como también lo propone el futuro jefe de la Oficina de la Presidencia, tampoco cuenta con el consenso de los pueblos indígenas y campesinos que poseen y habitan la mayoría de los territorios en esos estados. Ellos tienen sus propios planes para el buen vivir y votaron para que éstos sean reconocidos y apoyados.

Además, estos proyectos parecen contrarios al objetivo prioritario de pacificación del país y al control de la economía criminal que en muchos casos ha sido utilizada y alentada para imponerlos.

Las organizaciones campesinas y de productores demandan participar en la definición de la política agrícola.

En lugar de un paraíso para la inversión, la población del campo espera que el país sea un paraíso de la democracia, la inclusión y la autodeterminación, y mantiene la confianza en el: No les voy a fallar comprometido por AMLO en el Zócalo.