Muerte digna, ¿negocio?
legría y preocupación –según convicciones, creencias y miedos de cada quien– provocó doña Olga Sánchez Cordero, propuesta como secretaria de Gobernación en el gabinete de Andrés Manuel López Obrador, al anunciar que en todo el territorio nacional será promovida la desconocida Ley de Voluntad Anticipada, publicada en el Distrito Federal desde el 7 de enero de 2008, que ahora será federal, incluidos los 21 estados de la República que aún no cuentan con una ley similar, pues ahí sus habitantes no requerían una muerte digna. Dichosos ellos.
En el país se ha hecho tan poco y tan mal en lo que a muerte digna se refiere –menos de 10 mil documentos de voluntad anticipada firmados ante notario en CDMX en la década pasada, es un mal chiste– que el nuevo gobierno casi deberá empezar de cero en estas materias. Ya los gobiernos panistas de transición o, como les llaman algunos malosos, del Jesús en la boca, habían relegado (Fox) o de plano impedido (Calderón) todo intento de proporcionar a la ciudadanía el derecho a elegir una muerte digna.
La muerte digna, hay que grabárnoslo, no es una imposición, es una opción para pacientes terminales o incurables, que no es lo mismo, cuya penosa condición de salud les permita ver la gran diferencia entre vivir y durar, entre prolongar una agonía ingrata y cara, por los variados tratamientos que el negocio de la salud ofrece sin posibilidades reales de cura, más diversos daños colaterales ocasionados a la familia y al país, y decidir, con madura serenidad, que el organismo de uno ya acabó de estar y pide un poco de humanidad a los seres queridos y al sistema de salud.
Los notarios no pueden ser solidarios, así los apoye la Secretaría de Salud de la CDMX y rebajen aquí sus tarifas en marzo, mes de la voluntad anticipada
, y convoquen anualmente a personalidades a recibir el documento y se alcancen la puntada de dejarlo en 400 pesos a los mayores de ¡75 años!, y abunden los notarios que aún invocan objeción de conciencia para no prestar este servicio, y en cada estado cobren lo que se les antoje, y no se exhorte a la población adulta a firmar, sin costo, tan vital documento.
Un giro ajeno a burocracias, mercantilismos y clerigallas, de auténtico sentido humano y social, se deberá dar al aplazado proyecto de federalizar la Ley de Voluntad Anticipada, mal difundida, cara y peor aplicada.
