n febrero pasado, y gracias a la presión ciudadana, fueron retirados del servicio tres de los 36 vagones del Metro de Buenos Aires adquiridos en 2011 en Madrid, España. La causa: ciertas partes de ellos contenían asbesto, material prohibido en muchos países por ser carcinógeno. El gobierno de Buenos Aires aseguró que la cantidad de asbesto no constituía ningún peligro por estar en un lugar al cual no tienen acceso los pasajeros.
Nadie creyó tal explicación y un mes después, el sindicato del Metro paralizó cuatro horas todo el servicio para exigir que el gobierno hiciera las pruebas sanitarias requeridas para saber el grado de peligro al que están expuestos empleados y usuarios, y conocer el estado de salud de quienes han tenido contacto con el asbesto. Además, investigar si el gobierno de Madrid sabía que los vagones que vendió al de la capital argentina tenían partes con dicho mineral. Son unidades fabricadas hace 40 años y se compraron cuando Mauricio Macri era alcalde de Buenos Aires. Hoy es el presidente de Argentina.
Los trabajadores del Metro bonaerense se enteraron de la existencia y peligrosidad del asbesto por las protestas de sus colegas madrileños que lo descubrieron en el Metro local. Los directivos de la empresa fabricante sabían desde 2003 de su presencia en instalaciones y trenes, pero ocultaron el hecho. Por lo menos cinco trabajadores tienen problemas de salud por su contacto con fibras de asbesto. La empresa vendedora y la compradora dijeron que no había peligro para quienes laboran en ambos medios de transporte. Sin embargo, en el de Madrid ahora retiran las partes que lo contienen.
En México el asbesto está en muchos lugares y hasta se importa desde Canadá. En La Jornada Ecológica publicada en enero de 2013, se denunció el problema. Con datos muy precisos, varios especialistas (Eduardo Robles Pérez, Cuauhtémoc Arturo Juárez-Pérez, Isabel Alvarado Cabrero, Flavio Gerardo Rico Méndez, Guadalupe Aguilar Madrid, Fabiola Nieto Hernández y Kelly García Javier) documentaron los daños que ocasiona en la salud de los trabajadores expuestos. La doctora Aguilar Madrid, responsable de la Unidad de Investigación de Salud en el Trabajo en el Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), destacó la gravedad del asunto y cómo las estadísticas fallaban al subestimar el número de afectados. También cómo los daños en la salud de una persona pueden tardar años en manifestarse y no hay seguimiento epidemiológico de ellas. Denunció que en el país el asbesto se utiliza, entre otras cosas, para elaborar pastas de embragues, frenos, balatas, ductos de aguas negras, como impermeabilizante en láminas para techos y en la elaboración de cemento asbesto.
A principios del siglo, más de mil 800 negocios ubicados en Ciudad de México y su zona conurbada lo utilizaban en sus procesos productivos. Y en julio de 2013 se descubrió que más de 800 toneladas de ese material, importadas de Rusia por la empresa Mexalit, llevaban ocho meses al aire libre en la Central de Abastos de Veracruz. Como respuesta, las instancias oficiales (secretarías de Salud y Medio Ambiente, por ejemplo) negaron que ese tonelaje fuera un peligro. Finalmente, con resguardo de la Policía Federal, el asbesto fue trasladado a Tizayuca, Hidalgo. Aunque las autoridades dijeron que iban a vigilar la salud de los trabajadores que estuvieron expuestos a dicho cargamento, nunca lo hicieron.
Ese mismo año, en la Cámara de Diputados se pidió al presidente Enrique Peña Nieto prohibir la importación y uso del asbesto. Nada pasó: sigue utilizándose en diversas actividades económicas y miles de trabajadores y personas se hallan expuestas a tan nocivo material.
Y para documentar nuestro pesimismo, Mikel Arriola presumió en la pasada contienda electoral ser un defensor de la familia. Fue de 2011 a 2016, comisionado federal para la Protección contra Riesgos Sanitarios de la Secretaría de Salud (Cofepris), instancia responsable de evitar los daños por el asbesto. Luego estuvo como director del IMSS, donde no hay seguimiento epidemiológico de las personas potencialmente afectadas por dicho material.
¿Y el derecho constitucional a la salud?
