l plan de austeridad de la próxima administración federal avanza conforme lo anunciado en campaña por Andrés Manuel López Obrador (AMLO). Se ha confirmado que, al empezar el sexenio moreno, habrá reducción de salarios (para comenzar por el del propio tabasqueño), supresión de prebendas y gastos especiales, cancelación de subsecretarías y direcciones generales y ajustes en las áreas de empleados de confianza, entre otras medidas de ahorro.

Ese abatimiento de rangos de salarios y prestaciones puede aplicarse de inmediato en ciertos ámbitos laborales al alcance de López Obrador, pero serán enfrentados, por las vías jurídicas y políticas, por quienes ya tengan derechos adquiridos y consideren que son afectados por las nuevas disposiciones. Para reordenamientos y, desde luego, para la descentralización de secretarías, la nueva administración deberá negociar los términos con las organizaciones sindicales de cada ramo y, en lo global, con la Federación de Sindicatos de Trabajadores al Servicio del Estado, históricamente aliada al Partido Revolucionario Institucional.

En los dos poderes restantes, serán sus propios órganos de gobierno los que acepten o rechacen las propuestas lopezobradoristas. En especial, el Poder Judicial de la Federación ha expresado, por voz del ministro Luis María Aguilar, su rechazo a la disminución de sus ingresos y prestaciones, sabidamente muy altas. En pocas palabras, el presidente de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha manifestado que los altos cargos judiciales necesitan de las actuales condiciones económicas para cumplir con decoro sus encargos y resistir a ciertas tentaciones.

La postura defensiva de ese Poder Judicial ha producido una inmediata repulsa en el nuevo tribunal público, constituido por las redes sociales, sobre todo en sus vertientes tuitera y feisbuquera. No queda bien colocado ese poder ante la creciente avanzada ciudadana que exige acompasar todo el aparato público a las necesidades de ahorro y austeridad que ha propuesto el próximo Presidente de la República.

Por otra parte, hay nombramientos, anuncios e indicios que resultan alentadores, en el conjunto de decisiones múltiples que toma AMLO como virtual presidente electo (VPE).

Alejandro Encinas Rodríguez será subsecretario de Gobernación, encargado de los asuntos de derechos humanos, población y migración, en particular del caso de los 43 estudiantes de Ayotzinapa, respecto al cual la sociedad exige conocer la verdad de lo sucedido y que haya castigo contundente para los autores, físicos e intelectuales, no sólo de los actos delictivos de aquella noche y madrugada, sino de la posterior maquinación de Estado para encubrir y mentir (aparte del propio Enrique Peña Nieto, son personajes centrales Jesús Murillo Karam y Tomás Zerón de Lucio).

En la secretaría federal de Cultura, que estará a cargo de Alejandra Frausto Guerrero (quien fue directora y luego secretaria de Cultura con Ángel Aguirre Rivero en el gobierno de Guerrero; luego directora general de Culturas Populares, en la administración de Peña Nieto, y directora ejecutiva del Seminario de Cultura Mexicana), se informó que ocuparán cargos importantes la escritora Laura Esquivel (subsecretaria de diversidad cultural), el poeta y activista Mardonio Carballo (dirección de culturas populares) y la cineasta María Novaro (dirección del Instituto Mexicano de Cinematografía). En los tres casos se ha escogido a personajes conocedores de la materia de la que se encargarán y cuentan con sensibilidad y compromiso sociales. También se ha anunciado (con protestas inmediatas) la probable confirmación de Diego Prieto al frente del Instituto Nacional de Antropología e Historia, en cuyos niveles directivos se han enquistado grupos nocivos, especializados en la depredación y la simulación.

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