San Diego

La corte entra en sesión y los acusados acceden en fila. Son siete hombres y dos mujeres indocumentados, quienes fueron capturados el día anterior y serán procesados en uno de los juicios masivos que comenzaron esta semana en California.

El proceso forma parte de la política de tolerancia cero del presidente Donald Trump contra la migración indocumentada, aunque este modelo jurídico ya se aplica en otros estados fronterizos con México desde 2005.

Los acusados, sentados uno al lado de otro, llevan la ropa con que fueron capturados. Se les ve el cansancio en el rostro, como de quien no ha dormido o comido bien, pero sobre todo de resignación, de quien sabe que en horas será deportado.

Sus defensores pudieron verlos horas antes del juicio –en una sala adaptada en el sótano de la corte– para explicarles el proceso, aclararles que no están en una corte migratoria, sino criminal, que se les imputó un delito que conlleva a una pena hasta de seis meses de prisión.

La fiscalía les ofrece declararse culpables para no cumplir una pena de cárcel y ser deportados inmediatamente.

Lo que abogados y activistas rechazan es que se trata de condenas en serie, que colocan en la maleta de estos migrantes un antecedente penal en su récord para siempre.

Y eso pesa a la hora de pedir una visa en el futuro, incluso asilo.

Es un sistema diseñado de forma tal que la gente literalmente es procesada como en línea de producción, manifestó Michelle Ángeles, defensora pública que en la audiencia se encarga del caso de José Sánchez, mexicano de 27 años que cruzó por una trocha en Tecate, pequeña población 64 kilómetros al sur de San Diego.

¿Cómo se declara? Culpable, dice en español el muchacho, quien no terminó la secundaria. Un intérprete lo traduce: “guilty”.

Lo mismo hacen los otros, uno a uno, luego de que el juez Mitchell D. Dembin los interpela.

No los voy a soltar

Tan pronto se inició el proceso, los abogados de los migrantes se enfrascaron en un acalorado debate con el juez.

Le pedían que anulara los procesos, que soltara a los acusados bajo fianza. Protestaban por el poco tiempo que tuvieron para asesorar a sus clientes, por las condiciones en que los encontraron. Algunos, sin bañar; otros, sin cepillarse los dientes.

No voy a anular los juicios, no los voy a soltar, respondía el juez. No puedo controlar las órdenes que recibo de mi jefe de justicia, añadió con tono de frustración, al resaltar que en estos cinco días procesó 60 declaraciones de culpabilidad en juicios similares.

La mayoría de los nueve acusados son mexicanos y la historia es la misma: buscar una mejor vida en Estados Unidos, ganar más dinero para ayudar a sus familiares.