Guadalajara, Jal.

Las acusaciones de acoso laboral y sexual en la Universidad de Guadalajara (UdeG) empezaron a involucrar a funcionarios de mayor nivel. Una profesora de la licenciatura en derecho interpuso ante la Fiscalía General del Estado (FGE) y el abogado general de la casa de estudios una denuncia contra la jefa del Departamento de Derecho Público, María Alejandra Lúa Rodríguez, quien procreó una hija con el ex rector Raúl Padilla López, líder del Grupo Universidad desde 1989.

El 24 de mayo pasado Alejandra Guadalupe Galera Vidal denunció ante la décima agencia de la FGE a Lúa Rodríguez y al asistente de ésta, Humberto Adrián Zúñiga Zamora (carpeta de investigación 65793/2018), a quienes responsabiliza de haber perdido su empleo de docente. Los acusó de estar detrás de los descuentos que le aplicaron por inasistencias falsas y de amenazarla.

Según la denunciante, ha recibido llamadas de desconocidos que le exigen dejar de ir a la Facultad de Derecho ‘‘portando armas’’, lo cual negó.

Galera Vidal agregó que también le han hecho llegar citatorios apócrifos para que acuda a la fiscalía, le robaron documentos y un hombre que dijo ser agente investigador de la dependencia intentó secuestrarla.

La querella consigna la advertencia de un desconocido, el 19 de junio a la salida de la estación Ávila Camacho del tren ligero: ‘‘Ya deje de molestar a la maestra; si no, habrá consecuencias’’.

El 21 de junio, Galera Vidal obtuvo de la FGE medidas de protección por 60 días, las cuales incluyen vigilancia en el domicilio, protección policial y auxilio inmediato en caso necesario.

También interpuso denuncia ante el abogado general de la UdeG, Francisco Javier Peña Razo, con copia a las coordinaciones académicas del Centro Universitario de Ciencias Sociales y Humanidades (Cucsh) y a la contraloría general de la UdeG, por ‘‘violación a mis derechos humanos y menoscabo de mi dignidad’’.

Lúa Rodríguez es desde 2014 jefa del departamento de Derecho Público en la División de Estudios Jurídicos del Cucsh.

Alejandra Guadalupe Galera, entonces amiga de Lúa Rodríguez, ingresó junto con ella y le asignaron algunas clases por honorarios.

También trabajó como su asistente, principalmente para organizar diplomados a cargo del departamento de Derecho Público y recabar pagos, lo que terminó siendo causa de rompimiento entre ellas.

Lúa Rodríguez llegó a ese cargo tras renunciar a la ‘‘jefatura de investigadores’’ en la Dirección de Asuntos Jurídicos del Congreso local, en agosto de ese año, tras recibir un finiquito de 339 mil pesos.

Su salida se dio en medio de una investigación que hicieron diputados para detectar aviadores en la legislatura. Ella figuraba en la lista, con un salario de 60 mil pesos mensuales, pero no desempeñaba su puesto y tenía trabajo como profesora del Cucsh.

Al hacerse público que su oficina en el Congreso ni siquiera era usada, María Alejandra Lúa decidió renunciar. Se inconformó con el finiquito que le dieron y amenazó con demandar al Legislativo.

En 2007 se dio a conocer que la actual jefa del Departamento de Derecho Público tenía al mismo tiempo dos cargos en el Poder Legislativo y una plaza de docente en la UdeG. Diputados locales calificaron la Dirección del Instituto de Investigaciones Legislativas de ‘‘órgano prácticamente fantasma’’ y uno de los cotos de poder de Raúl Padilla López, quien además de ser jefe del Grupo Universidad controla el Partido de la Revolución Democrática en Jalisco.

En la UdeG recién terminó un proceso de consulta y está en elaboración un protocolo contra el acoso y hostigamiento que se espera presentar a la comunidad universitaria el próximo ciclo escolar, que se iniciará a finales de agosto.

En entrevista, la vicerrectora ejecutiva de la UdeG, Carmen Rodríguez Armenta, señala que durante el proceso de consulta, concluido el 18 de junio, hubo al menos 237 propuestas completas.

‘‘Se invitó a las académicas que han trabajado en temas de género, pero en los diferentes centros universitarios los rectores también han encaminado la consulta.

‘‘Tras sistematizar y enriquecer el documento, tenemos que basar el protocolo en tres puntos: prevención, atención y sanción, para así lograr la erradicación’’, explicó.

La intención, dijo, es que en el siguiente consejo de rectores ‘‘se revisen los avances y en un próximo consejo general universitario haya un documento para aprobar’’.

Rodríguez Armenta afirma que, paralelamente, la Secretaría General de la UdeG, a cargo de José Alfredo Peña Ramos, elabora las bases para crear una defensoría de los derechos universitarios que incluya temas de acoso y hostigamiento sexual y laboral, además de discriminación, tanto entre estudiantes como entre académicos y trabajadores administrativos.

Tanya Méndez, profesora de la carrera de antropología, quien a finales de mayo acusó a Horacio Hernández Casillas, coordinador de esa licenciatura, por acoso y hostigamiento sexual y laboral, informó que no han recibido el borrador del documento.

‘‘No sabemos nada, todo sigue igual. Hace unos dias fui a la escuela y me topé con mi acosador. Tuve que ir acompañada por mi esposo porque nos obligan a firmar. Sigue sin establecerse una restricción para evitar momentos de tanta ansiedad como volver a ver a quien te ha acosado y a quien tienes denunciado.”

Interrogada sobre el caso de Hernández Casillas, la vicerrectora Rodríguez indicó que la indagatoria a cargo de la comisión de responsabilidades del Cucsh continúa y que la suspensión incluye, además de la jefatura, las clases que el funcionario acusado tenía asignadas para el próximo semestre.