os planteamientos de gobierno deben ser materia de análisis fundamentado. En el año 2011 publiqué un artículo con señalamientos críticos sobre el Nuevo Proyecto de Nación del entonces precandidato Andrés Manuel López Obrador ( La Jornada). En esencia, destacaba la carencia de un enfoque sistémico para interpretar la crisis del país en el contexto de la mundialización capitalista neoliberal, enfocándome en los pueblos indígenas, a los que se dedicaba pocas reflexiones en un texto de dos centenares de páginas.

Los pueblos eran presentados como víctimas, objetos pasivos que esperan la mano clientelar del Estado, el sujeto activo. Eran subsumidos en la categoría de comunidades tradicionales de indígenas-campesinos, que, igualmente, esperan el apoyo estatal. En esa tónica, por ejemplo, se proponían carreteras para los municipios que no cuentan con caminos pavimentados, y aquí los indígenas aparecen como fuerza de trabajo barata, bajo el subterfugio de generar empleos y fortalecer la economía local.

Hacía notar el efecto directo e indirecto que tendrían proyectos que el próximo jefe de gabinete, el multimillonario Alfonso Romo, está ofertando para hacer de México el paraíso de las inversiones extranjeras. Uno de ellos es una propuesta del Plan Puebla-Panamá (Proyecto Mesoamérica), al cual se han opuesto indígenas y no indígenas. Hoy, se mantiene vigente vincular comercialmente el Pacífico con el Atlántico mediante el desarrollo integral del Istmo de Tehuantepec, la construcción de dos puertos, en Salinas Cruz y Coatzacoalcos, así como un ferrocarril de carga de contenedores y la ampliación de la carretera existente. Todo ello tomando en cuenta a la gente (sic) y con la participación de las comunidades de la región (sic). Sin embargo, clichés aparte, ¿Cómo participarían las comunidades de la región? ¿Nuevamente como mano de obra intensiva y barata? ¿Se beneficiarían del comercio en gran escala a transportar en esos contenedores? ¿La ampliación de la carretera se haría a costa de territorios comunitarios?

Ya entrados en extractivismo y desarrollismo, se plantea la construcción de refinerías o ampliación de las existentes, en estados con población indígena, sin importar lo que significan semejantes planes para la vida comunitaria y el medio ambiente. Estos procesos, considerando sus implicaciones locales y regionales, deben de pasar por la consulta genuina y vinculante, para no repetir la tónica impositiva que tantos efectos negativos ha generado en el país. Igualmente, se propone atender la actividad turística, pasando por alto sus impactos negativos sobre los pueblos en su territorialidad, control de recursos naturales, folclorización de sus culturas, migración forzada, etcétera.

Ya con AMLO como presidente, las 50 acciones para la regeneración nacional serán parte del plan de gobierno, en el que continúan todas las acciones aludidas, más otras igualmente perniciosas para los pueblos: el Nuevo Aeropuerto Internacional de Ciudad de México, la ampliación de las zonas especiales para todo el sureste, la red de super-carreteras que los gobiernos neoliberales han querido imponer durante décadas, trenes rápidos, un tren bala para la península de Yucatán, minería a cielo abierto, siempre y cuando no contamine (sic), mientras la próxima secretaria de Cultura piensa que esta es una mercancía para el espectáculo, el turismo corporativo, y excluye de su proyecto la investigación, la docencia y la salvaguarda del patrimonio tangible e intangible de una nación pluricultural, plurilingüística y pluriétnica.

A escasas semanas de la elección, es significativa la publicación en El Correo Ilustrado [4 de julio], de la primera llamada de atención sobre el rumbo posible del gobierno próximo: “Desde la Red Mexicana de Afectados por la Minería (REMA), como lo es para otros muchos colectivos, es claro que México no debe ser en absoluto el paraíso de las inversiones extranjeras y las Zonas Económicas Especiales, como figuras acabadas del extractivismo que son, deben de ser derogadas. Lo que Romo expresa precisamente en total consonancia con el modelo económico que nos ha llevado a la debacle del país, contradice de manera tajante el mandato del pasado primero de julio. El país no está en venta. No se llega por esa vía a la soberanía, ni a la integridad de la vida de los territorios. México no ofrece, mediante la precariedad salarial, mano de obra barata al mejor postor. Somos mucho más que eso. La dignidad se expresa o no existe.

En suma: ¿cómo compaginar el ejercicio efectivo de la autonomía comunitaria y ciudadana y el derecho a la consulta vinculante, con proyectos extractivistas, depredadores y desarrollistas?, esto, sin abundar en el neoindigenismo de una Secretaría de Pueblos Indígenas. ¿Tienen sentido los señalamientos fundados en torno a medidas preocupantes que ya aparecen en diversas áreas del horizonte del próximo sexenio? ¿Pensamiento único o pensamiento crítico?