a decisión electoral fue contundente: debe comenzarse la recomposición de la vida nacional resolviendo la crisis en la que vive el país. La inmediata aparición de los actores económicos que saludaron la victoria de Andrés Manuel López Obrador y ofrecieron trabajar de forma conjunta en el plan económico presentado por Morena, pudiera ser una buena señal de que es posible corregir rápidamente algunas de las fallas más relevantes del modelo neoliberal.
AMLO ha planteado de manera rei-terada que, en lo esencial, respetará los equilibrios fundamentales, el fiscal, el de cuenta corriente y el control de la inflación, al agregar que respetará la autonomía del Banco de México. Consecuentemente su margen de maniobra contra el modelo neoliberal está en otros asuntos.
El tema primordial sobre el que habrá que actuar es generar bienestar para los que fueron excluidos de los beneficios del crecimiento económico en los 36 años de funcionamiento del modelo económico actual. Se trata, por supuesto, en primer lugar, de actuar a favor de los indígenas y de los más necesitados. En este punto la propuesta presentada es clara: favorecer programas universales que generan consumo y desarrollan las economías regionales, y abandonar los programas focalizados típicos del neoliberalismo. Este cambio permitirá generalizar la acción gubernamental, al tiempo que reduce sustancialmente las posibilidades de uso clientelar de la política social. Dos medidas adicionales servirán a este propósito: el incremento de las pensiones a adultos mayores y las becas para jóvenes en busca de empleo.
Otro desafío es el que plantean los asalariados que han sido uno de los grupos más castigados por la política neoliberal. Desde los tiempos del salinato, con los pactos antinflacionarios, se utilizó como ancla nominal a los sueldos para detener el crecimiento de precios. El significado inmediato de esta política, que sigue vigente, ha sido que los salarios mínimos y también los profesionales hayan perdido su capacidad para permitir que una familia viva adecuadamente. En 2012 la medición de los salarios como proporción del valor agregado en la economía en 31 países de una base de datos de la OCDE mostró que México era el país con menor registro. Una mejor posición la tenía Grecia, enfrentando una crisis sin precedente desde 2010. Este año la situación no ha mejorado de forma sustancial.
El salario constituye la fuente fundamental de ingreso de los mexicanos. De modo que su magnitud determina el bienestar de la mayoría de la población. El mínimo vigente a escala nacional es de 88.36 pesos diarios, lo que significa un ingreso mensual de 2 mil 650 pesos. Con esta referencia es remunerado un porcentaje importante de la población con percepciones.
Pero si consideramos a los trabajadores que reciben hasta cinco salarios mínimos mensuales, es decir, 13 mil 254 pesos, incorporamos a cerca de 80 por ciento del total de los mexicanos con sueldo. Este umbral de ingreso, de acuerdo con la información de la más reciente encuesta ingreso-gasto de los hogares de 2016, cubre a casi 70 por ciento de la población nacional. De modo que cualquier modificación de los salarios afecta de manera inmediata las condiciones de vida del grueso de los mexicanos, de modo que incrementarlos resulta una medida absolutamente urgente y necesaria desde muchos puntos de vista.
El nuevo gobierno, al aprovechar la disposición de diferentes grupos empresariales y de importantes inversionistas, debiera proponerse acordar un aumento significativo a los salarios mínimos y profesionales que pudiera comenzar justo el primero de diciembre de este año. Durante más de tres décadas los salarios perdieron participación en el ingreso nacional. Lo que obvio significó que las utilidades ganasen los puntos que habían sido de los trabajadores asalariados. El aumento, que se entiende debiera ser claramente significativo, es de elemental justicia distributiva. Los votantes a favor de cambiar el estado de cosas en el país, los que mandataron a AMLO a rencauzar el rumbo de la nación, estarían de acuerdo en un aumento de las remuneraciones que, por supuesto, debiera dar paso a una elevación de la productividad del trabajo.
No debe olvidarse que, sin embargo, en los 36 años de contención salarial operada por los gobiernos priístas y panistas en evidente acuerdo con los grupos empresariales, los trabajadores hicieron crecer su productividad sin que recibieran mejores salarios. De modo que el aumento que se propone hace tiempo que los pagaron los empleados.
Tiene una ventaja adicional: sería útil en las negociaciones con el gobierno de Canadá y Estados Unidos que han exigido que las remuneraciones a los trabajadores mexicanos en las industrias exportadoras aumenten.
