Consejeros del Instituto Nacional Electoral (INE) y de la junta local de ese organismo en Puebla se reunieron para analizar los hechos de violencia ocurridos durante y después de la elección de gobernador en aquel estado. Al finalizar, instaron a la Fiscalía Especializada para la Atención de Delitos Electorales (Fepade) a que presente los informes sobre el supuesto hallazgo de documentos oficiales en poder de representantes de uno de los partidos de manera ilegal.

Mientras, un juez de control vinculó a proceso a una de las dos personas detenidas durante la jornada electoral en Puebla por la probable posesión ilícita de 8 mil 800 boletas y cuatro urnas electorales. Ambos viajaban en un vehículo que volcó en la capital del estado. El primer acusado fue vinculado el 5 de julio y el caso del segundo se pospuso hasta ayer porque fue hospitalizado.

El presidente del consejo local del INE en Puebla, Marcos Rodríguez, refirió que están a la espera del resultado de las investigaciones relacionadas con 23 denuncias que capacitadores y asistentes electorales del INE y de la propia junta local presentaron por lo ocurrido en aquella entidad.

Las acusaciones –explicó– refieren que hubo grupos que irrumpieron en las casillas haciendo disparos al aire, robaron y quemaron urnas o las vaciaron después de los cómputos distritales. El funcionario puntualizó que se trata de 63 paquetes de la elección local, por lo que corresponde al instituto local dar seguimiento a las quejas.

Después de que personal del INE en Puebla presentó un informe a los consejeros nacionales, Marco Antonio Baños dijo que la reunión se centró en los hechos de violencia y no en los señalamientos de presunto fraude en la elección de gobernador.

Señaló que se analizaron los incidentes en casillas y en un hotel de Puebla. Mencionó que la Fepade debe esclarecer cuanto antes las denuncias sobre la posible entrega irregular de documentos oficiales de la elección a actores políticos. ‘‘Más allá de las investigaciones y la identificación de responsabilidades, debemos tener claro si efectivamente se trataba de documentos oficiales, lo que sería un asunto grave’’.

Barbosa confía en que el TEPJF anulará la elección

Para el candidato de la coalición Juntos Haremos Historia a la gubernatura, Luis Miguel Barbosa Huerta, las evidencias documentales de las ‘‘graves’’ anomalías electorales ‘‘son pruebas inequívocas de un fraude que ofende el espíritu democrático de la sociedad’’.

El ex presidente del Senado anunció que interpondrá, en segunda instancia, una impugnación general a la elección de gobernador ante el Tribunal Estatal Electoral y una vez que esa instancia, ‘‘en manos de (el ex gobernador) Rafael Moreno Valle’’, emita una sentencia, ‘‘seguramente en favor de la esposa de ese personaje’’, recurrirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF). ‘‘Ahí se nos dará la razón porque existen suficientes pruebas de hechos violatorios de la ley. El TEPJF echará abajo la elección y en una segunda volveremos a ganar, de eso no hay duda’’, agregó.

El candidato se presentó la noche del martes ante la autoridad calificadora del proceso en la entidad y adelantó que ‘‘ante lo evidente de que el tribunal estatal pertenece a Rafael Moreno Valle y rechazará nuestros dos primeros recursos, estoy seguro de que el TEPJF, entre septiembre y octubre, decidirá declarar ilegal el resultado de la elección de gobernador’’.

En entrevista, explicó: ‘‘Yo gané por 10 puntos. Se ratificó el control absoluto de los medios de comunicación, se instalaron laboratorios electorales en todo el estado y las casillas. Antes de llegar a sus destinos, los consejos distritales, pasaron por los laboratorios, que operaron un sistema de alimentación de resultados al sistema de cómputo desde fuera. Después el PREP (Programa de Resultados Electorales Preliminares) se alimentó con esta información fraudulenta. Hay un conjunto de pruebas. Todo esto ha quedado silenciado en los medios de comunicación, pero yo espero que se anule y así iremos a otra elección. Les ganaremos’’.

Once días después de realizados los comicios en esta entidad, el Instituto Electoral del Estado (IEE) filtró a los medios de comunicación el proyecto que aprobará para la distribución de 15 diputaciones plurinominales, tras una demora de tres días, en los que negó información de la votación por partido en las tres elecciones locales (de gobernador, de diputados estatales y presidentes municipales).

Así, a la coalición Juntos Haremos Historia se le otorgaron 22 curules (16 de mayoría) de las 41 que estuvieron en disputa. Esa alianza cuenta con suficientes votos para rechazar cuentas públicas e impulsar reformas a leyes secundarias.

La coalición Por Puebla al Frente (formada por los partidos Acción Nacional, de la Revolución Democrática y Movimiento Ciudadano, más los locales Compromiso por Puebla y Pacto Social de Integración) ocupará 14 curules, nueve de ellas de mayoría relativa, a la que se suma la de Nueva Alianza, que declinó en favor de la gobernadora electa de ese frente, Martha Érika Alonso Hidalgo.

A su vez, el Partido Revolucionario Institucional alcanzó cuatro diputaciones –tres de ellas plurinominales– y el Partido Verde Ecologista de México, una de representación proporcional. Como sus candidatos se mostraron cercanos a Martha Érika Alonso y al PAN durante la campaña, se prevé que sus representantes en el Congreso de Puebla adopten la misma postura.

No obstante, la dirigencia estatal de Morena anunció que impugnará la asignación de dos plurinominales a Panal y MC, que participaron en la alianza que encabezó el PAN, ya que ambos no alcanzaron 3 por ciento de la votación y, por tanto, perdieron el derecho a tener posiciones.

Agregó que la entrega de estas curules responde a una ‘‘manipulación’’ del cómputo de la elección por parte del órgano comicial del estado, ya que el PREP anticipó, con 98 por ciento de las actas capturadas, que ambas fuerzas políticas no alcanzaron 3 por ciento de la votación.

De acuerdo con esos datos, el Panal obtuvo 2.9 por ciento de los sufragios, al igual que MC.

En la ciudad de Puebla, la dirigencia estatal del partido Morena y sus diputados electos denunciaron que la Fiscalía General del Estado (FGE) giró órdenes de aprehensión contra los militantes que el 3 de julio pasado irrumpieron en un hotel habilitado como centro de operación del PAN en la ciudad de Puebla, donde –acusaron– se manipularon los resultados de los comicios para ‘‘imponer’’ a la esposa de Rafael Moreno Valle.

La FGE, que encabeza Víctor Antonio Carrancá Bourget –ex procurador de justicia durante el gobierno de Moreno Valle Rosas– emitió un comunicado en el que sostuvo que nunca se ordenó la detención de militantes de ese partido.

(Con información de Mónica Camacho / La Jornada de Oriente, y Dennis A. García, reportero)