El sistema de pensiones en México es desigual, con riesgos de sostenibilidad y poco transparente, refiere el Centro de Estudios Sociales y de Opinión Pública (Cesop) de la Cámara de Diputados, instancia que publicó un reporte donde avisora que grupos de pensionados por el sistema de reparto podrían recibir 40 por ciento de su ultimo salario, y los de cuentas individuales hasta 30 por ciento.

El órgano camaral advierte que el problema principal lo tendrán los mexicanos adscritos al sistema de pensiones de beneficio definido –los que conforman el régimen de cuentas individuales– quienes terminarían pagando no sólo sus pensiones sino también las de las generaciones anteriores.

Por tanto, sugiere que el gobierno diseñe mecanismos para ampliar el margen de maniobra presupuestario con el fin de cumplir el pago de las obligaciones pensionarias sin comprometer la sostenibilidad financiera del país.

El trabajo del centro considera que las Administradoras de Fondos para el Retiro (Afores) tienen buen rendimiento, pero representan una carga fiscal importante para las futuras generaciones, pues gran parte de los ahorros de los trabajadores están invertidos en deuda gubernamental, respaldados por dinero que aún no existe. Es decir, las próximas generaciones tendrán que dar soporte a esos ingresos por medio de un mayor pago de impuestos.

El Cesop plantea evaluar el tamaño del pasivo pensionario, pues a pesar de los esfuerzos por hacer una medición del volumen de la deuda en pensiones, al menos las evaluaciones públicas se han topado con restricciones de información.

El IMSS concentra 75 por ciento de la población jubilada bajo el esquema de pensiones contributivas, y el Issste 10.3 por ciento de los pensionados, hasta llegar a los esquemas de las empresas productivas del Estado, al sistema judicial, bancos, universidades y municipios.

La desorganización y la falta de control en el financiamiento y gasto de las pensiones ha derivado en que el egreso por este concepto representará 15.5 por ciento del Presupuesto de Egresos de la Federación (PEF) en 2017 y 3.7 por ciento del Producto Interno Bruto (PIB), con tendencia a incrementarse en los siguientes años.

En cuanto a las diferencias entre el gasto histórico y el proyectado por institución, el IMSS reconoció, en 2015, que el costo fiscal de las pensiones de beneficio definido para 3.4 millones de pensionados, avaladas por la Ley de 1973, fue de 187 mil 533.9 millones de pesos (mdp), 17.3 por ciento más que el aprobado para dicho año.

Sobre el Issste, en 2035 se requerirán 235 mil 803 millones de pesos para el pago de las pensiones de beneficio definido y se espera que las obligaciones de este pago se terminen en 2075.